Pese a las observaciones del Gobierno, la Comisión de Transportes del Congreso de la República aprobó, por insistencia, el dictamen que busca declarar de necesidad pública la construcción, mejoramiento o reubicación de diversos aeropuertos en el Perú.
El texto, en su único artículo, plantea declarar de interés tres acciones, “bajo el cumplimiento de los principios y normas ambientales pertinentes, garantizando los derechos colectivos, de acuerdo con la normativa vigente de pueblos indígenas u originarios [...]“.
Los tres puntos son:
- La construcción del Aeropuerto Nacional de la Selva Central, en el ámbito de influencia de las provincias de Chanchamayo y Satipo, en Junín.
- La restauración, ampliación y modernización de otros dos aeropuertos en Junín: Juan Simons Vela de Rioja, ubicado en el distrito de Rioja, de la provincia de Rioja; y Juanjui, ubicado en la provincia de Mariscal Caceres. Además, de Tingo María, ubicado en la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco.
- La reubicación y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac, en Puno.
Se busca reubicar el Nuevo Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac, en Puno.
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¿Qué había observado el Gobierno?
Como se mencionó, este texto fue cuestionado por el Gobierno. Las observaciones enviadas en enero del año pasado, durante la gestión de Dina Boluarte, mencionaban que, por ejemplo, sobre el punto 1 y 2, “si bien la propuesta está diseñada como norma declarativa [...] estaría generando efectos cuantitativos que implicaría la transferencia de partidas presupuestales para la ejecución de proyectos de infraestructura, sin considerar el procedimiento definido en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones [...]”.
Además, se advierte que se estaría colisionando con las funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al determinar, mediante ley, el tipo de intervención.
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Sobre el tercer punto, para reubicar el aeropuerto en Puno, el Gobierno alertó que se generaría una modificación unilateral del contrato de concesión mediante ley por parte del Estado, “contraviniendo lo pactado en dicho contrato con el concesionario, lo que podría ocasionar incluso -en última instancia- su caducidad”.
A consideración del Congreso, contrario a lo que alerta el Gobierno, “la autógrafa se configura como un instrumento legítimo de orientación de la política pública en materia de infraestructura aeroportuaria, respetuoso del marco constitucional y legal vigente, que no invade competencias del Poder Ejecutivo ni genera obligaciones inmediatas”.
Ahora resta esperar que el texto se eleve nuevamente al Pleno del Congreso, el que podría aprobarlo por insistencia y se convertiría automáticamente en ley.
