En los últimos años, la Sunat ha intensificado la fiscalización de los servicios intragrupo, colocándolos bajo el escrutinio en auditorías tributarias. El problema no es su legalidad, sino algo más complejo: probar que realmente existieron, que eran necesarios y que su valor es razonable.
En otras palabras, el riesgo ya no está en la operación, sino en la capacidad de sustentarla. Y cuando ese sustento falla, el costo puede escalar a millones.
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El nuevo frente de fiscalización
La creciente centralización de funciones dentro de los grupos empresariales -como contabilidad, marketing, tecnología o recursos humanos- ha hecho más frecuentes estos servicios. Pero también más difíciles de verificar.
Daniel Ono, abogado tributarista del estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera explica que muchas de estas prestaciones se brindan desde centros regionales o internacionales, lo que limita la capacidad de la Sunat de contrastar directamente la información del proveedor.
“La administración solo tiene acceso a la información del usuario local del servicio”, advierte.
A esto se suma un cambio en el enfoque de fiscalización. Jesús Ramos, socio de DLA Piper, señala que desde 2017 el análisis dejó de centrarse únicamente en el precio de mercado.
“Hoy se exige demostrar el test de beneficio y la fehaciencia del gasto, es decir, probar que el servicio genera valor económico real y que efectivamente se prestó”, indica.
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La delgada línea entre lo válido y lo cuestionable
Los servicios intragrupo son, en esencia, legítimos. Incluyen desde asesorías estratégicas vinculadas al negocio hasta funciones administrativas que antes se realizaban localmente y hoy se concentran en hubs regionales.
Sin embargo, la línea gris aparece cuando no se puede demostrar su contenido económico.
“El servicio se vuelve cuestionable cuando carece de valor real, se duplica con funciones locales o no responde a condiciones de mercado”, precisa Ono
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Las señales de alerta
En la práctica, la Sunat ha identificado patrones recurrentes que disparan cuestionamientos. Entre ellos:
- Falta de evidencia concreta de la prestación (entregables, correos, reportes).
- Servicios duplicados con funciones que ya realiza el equipo local.
- Reportes genéricos, no adaptados a la realidad del país.
- Tarifas fijas sin sustento en horas o uso efectivo.
- Variaciones significativas en los cargos sin explicación económica.
“Muchas veces el problema no es que el servicio no exista, sino que no hay forma de reconstruir su trazabilidad”, resume Ramos.
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El talón de Aquiles: la prueba
El punto crítico es la documentación. La Sunat exige hoy un nivel de detalle que muchas empresas no están preparadas para cumplir.
En la práctica se requiere mucho más: evidencia de la ejecución, trazabilidad del servicio, identificación del equipo que lo prestó y sustento de los costos.
Aquí surge un problema estructural. Parte de la información exigida -como los costos del proveedor- no siempre está en manos de la empresa local. “Se termina pidiendo información que puede ser confidencial o simplemente inaccesible”, señala Daniel Ono.
¿Cómo evitar un golpe millonario?
Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que la clave está en anticiparse. Algunas recomendaciones:
- Documentar todo el proceso, no solo el resultado: correos, reuniones, entregables.
- Alinear contrato, ejecución y facturación, evitando inconsistencias.
- Justificar la necesidad del servicio y su impacto en el negocio.
- Evitar duplicidades con funciones locales.
- Sustentar los costos y el valor de mercado, con estudios sólidos de precios de transferencia.
“La clave no es la cantidad de documentos, sino su coherencia y capacidad de explicar la lógica del servicio”, enfatiza Ramos.
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Si bien existen esquemas que pueden utilizar estos cargos para reducir la carga tributaria, los especialistas coinciden en que no se puede generalizar.
“En grupos grandes y con altos estándares de cumplimiento, esa posibilidad es remota”, señala Ono. Sin embargo, reconoce que en otros casos pueden existir estructuras sin sustancia económica suficiente.
Ramos agrega que el problema no es la planificación en sí, sino cuando la operación “no responde a una realidad económica efectiva y se usa solo para generar un ahorro indebido”.
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El riesgo de perder el gasto (y más)
Cuando la administración detecta inconsistencias, el impacto es directo: el gasto puede ser desconocido. Esto implica pagar un mayor impuesto a la renta, además de multas e intereses.
Ono detalla que la contingencia puede incluir “el 29.5% del impuesto, el 50% del tributo omitido como multa y el 5% de dividendos presuntos”, a lo que se suman intereses moratorios.
En casos más graves, el tema puede escalar. “Si se detecta artificio o engaño, podría derivar en una denuncia penal por delito tributario”, advierte.
Mariana Huertas, socia de Txpricing, aclara que estos escenarios son menos frecuentes: “La mayoría de contingencias se concentra en el ámbito administrativo y económico; para llegar a lo penal debe probarse dolo”.
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Ya no basta con hacer bien las cosas, hay que poder probarlas. Porque en el actual entorno de fiscalización, un servicio intragrupo mal sustentado no es solo un detalle técnico, sino un riesgo financiero de alto impacto.
Periodista con 10 años de experiencia en prensa escrita, radial y televisiva. Escribe sobre política, economía, defensa y actualidad.
