La lucha contra la inseguridad ciudadana formó parte del discurso de varios candidatos a la presidencia. Así, vistas las cifras, todo parece anticipar que el próximo gobierno no tendrá, o no debería tener, luna de miel en dicha materia, ¿por qué el desafío es grande?
Los números no dejan duda: el crimen se viene extendiendo de forma acelerada ante la pasividad de las autoridades que hoy están de salida.
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Cerca de la mitad de los peruanos ha presenciado el cierre de negocios a consecuencia de la delincuencia, según el Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, BCP y Capital Humano y Social (CHS),
Según el reporte, basado en una encuesta Ipsos a nivel nacional de mayo último, un 45% afirmó que durante los últimos 12 meses el (ella), o alguien de su barrio, frecuentaba negocios como bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias, entre otros, que tuvieron que cerrar o restringir sus actividades por la inseguridad ciudadana, teniendo como principal motivo la extorsión.
“Ese 45% involucra a 11,400,000 personas, es decir (en un año) hemos crecido en más de 3,200,000 personas (adicionales) que perciben la afectación de la inseguridad en la vida económica del país”, señaló Ricardo Valdés, gerente general de CHS.
En el mismo reporte de hace un año, no era el 45%, sino el 32% (8 millones de peruanos) los que respondieron afirmativamente a la pregunta en cuestión. Es decir, hubo un salto de 13 puntos porcentuales.
Encuesta Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia
Incidencia
La incidencia de ese indicador es más alta en la capital donde el 59% dijo haber sido testigo del cierre de negocios.
En otras palabras, seis de cada 10 ciudadanos encuestados en Lima dan cuenta del impacto de la inseguridad en el último año, lo que pone en jaque los ingresos de las familias -muchas tienen un negocio- como consecuencia de la inseguridad y, en particular, de la actividad extorsiva.
“Lo que es muy importante no solamente es la cifra total, sino que no hay sitio, no hay lugar de todo el Perú que no haya sufrido ese impacto (de la inseguridad en los negocios)”, añadió Valdés.
El especialista refirió, además, que un estudio de la Universidad de Piura estima que el impacto de la delincuencia es de 3.1% del PBI. Por lo tanto, si se toma en cuenta el crecimiento económico previsto para el 2026, el perjuicio de la criminalidad sería de aproximadamente US$ 11,800 millones durante este año, estimó.
Deterioro
“La inseguridad no se limita al temor por la integridad física: está cerrando negocios, retrayendo ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos. No estamos frente a un problema puntual, sino frente a un fenómeno que está erosionando las bases mismas de la vida económica y social del país”, manifestó Valdés.
De acuerdo con el informe, el impacto del crimen en la salud mental ha sufrido un incremento significativo. El porcentaje de la población adulta del país que considera que sus niveles de ansiedad y estrés se han elevado como consecuencia de la inseguridad ciudadana ha crecido en siete puntos porcentuales: pasó del 29% al 36% en tan solo un año.
El impacto en la salud mental de la inseguridad ciudadana, según sondeo de Ipsos.
Mensajes sospechosos
El referido estudio también reveló que el 81% de la población afirmó haber recibido mensajes sospechosos o potencialmente fraudulentos en el 2025, similar al 79% registrado en el 2026. Dichas comunicaciones se dieron mediante redes sociales, llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto, con fines potencialmente criminales.
“El vehículo que se emplea para la extorsión es Facebook y WhatsApp. Por eso el estado de emergencia no funciona, porque es una medida para controlar el territorio. Tú (como autoridad) no controlas el WhatsApp ni el espacio o mundo digital”, reflexionó Valdés.
Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors, comentó que no es de extrañar que los delincuentes utilicen cada vez más las redes sociales que tienen a su disposición para contactar a sus víctimas, pues las personas ya no suelen contestar llamadas, justamente, por el temor de que puedan ser extorsionadas.
Valdés advirtió que existe un movimiento económico “enorme” en el espacio virtual, que es difícil de calcular. En tal sentido, sostuvo que Perú debería firmar el segundo protocolo de Budapest para poder, por ejemplo, solicitar a Meta y acceder de forma inmediata a la información de la persona que está detrás de una cuenta específica de WhatsApp.
Castro sugirió algunas medidas para evitar ser víctima de las extorsiones vía redes sociales. Primero, dificultar que su número celular sea compartido por terceros. “Yo puedo darle mi teléfono, por ejemplo, a una empresa, pero las compañías a veces no custodian adecuadamente los datos personales y esa información termina siendo robada o traficada”, alertó.
Asimismo, sugirió no configurar el perfil en modo público, sino en privado, y tener mucho cuidado con la información que se comparte, por ejemplo, datos personales sobre los hijos, o imágenes que puedan dar señales de riqueza, por ejemplo. “Hay que tener un autocuidado”, dijo.
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Choferes peruanos migran masivamente
De acuerdo con el último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, el transporte público registra una salida masiva de conductores. “Los choferes más experimentados se están yendo del país, a España, por ejemplo”, advirtió el exministro del Interior Carlos Basombrío.
Como consecuencia de esa migración, además, la calidad del manejo en el transporte público disminuye por la inexperiencia de quienes reemplazan a los que abandonan el país, y los accidentes aumentan.
A lo anterior, se suman evidencias de que los choferes del Metropolitano también están siendo extorsionados. Según el referido informe, los delincuentes van directamente contra ellos, pues los concesionarios les son casi inaccesibles.
El citado estudio, asimismo, reveló que entre enero del 2018 y enero del 2026 el número de presos por extorsión aumentó solo de 1,328 a 1,498. “Los encarcelados por incumplir obligaciones alimentarias (que llegaron en enero del 2026 a 2,469) han aumentado mucho más y son casi el doble (que los presos por extorsión). Creo que eso es una ofensa al país que tiene que subsanarse”, sostuvo Basombrío.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
