La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) prepara una actualización del reglamento de hechos de importancia con el objetivo de mejorar la calidad de la información que reciben los inversionistas y adecuar la regulación a la evolución del mercado de valores en la última década.
De acuerdo con la agenda temprana 2026 de la SMV, se propone modificaciones para facilitar la identificación de determinados hechos de importancia por parte de las empresas que emiten valores (acciones o bonos) en la bolsa, a fin de alinear la regulación con estándares internacionales.
Para Luis Miguel Garrido, asociado senior de Rubio Leguía Normand, la propuesta responde a la necesidad de que la norma evolucione al mismo ritmo que el mercado.
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Los cambios no deberían orientarse a exigir un mayor volumen de información, sino a mejorar su calidad y relevancia para los inversionistas, sostuvo.
“Más información no necesariamente significa mejor información. Lo importante es que sea útil, clara y permita entender aquellos eventos que realmente pueden afectar el valor de los instrumentos emitidos por las empresas”, afirmó.
Como antecedente, refirió que en el 2021 la SMV modificó el reglamento para exigir que, además de informar los cambios en directorios y gerencias, las empresas identifiquen cuáles de sus directores son independientes, una medida orientada a fortalecer la transparencia y alinearse con mejores prácticas internacionales.
Según Karina Chinguel, socia de Vodanovic, es previsible que la SMV precise con mayor detalle los criterios para determinar cuándo un evento constituye un Hecho de Importancia, incorporando supuestos más específicos, parámetros de materialidad y ejemplos derivados de su experiencia supervisora y sancionadora.
Asimismo, podría actualizar el listado referencial de Hechos de Importancia para alinearlo con estándares internacionales de transparencia y revelación de información al mercado (por ejemplo, IOSCO), incorporando expresamente eventos que hoy no se encuentran claramente identificados, expresó.
Sanciones
El experto señaló que uno de los aspectos que podría aclararse es el tratamiento de las sanciones administrativas.
Actualmente, el reglamento contempla la comunicación de sanciones como hechos de importancia, aunque no precisa expresamente que estas deban ser firmes.
“En la práctica, muchas empresas (emisoras) consideran que comunicar una sanción antes de que quede firme puede generar una alarma innecesaria sobre una situación que todavía puede ser revertida mediante recursos administrativos o judiciales”, indicó Garrido.
Este tipo de vacíos han sido identificados a partir de la casuística acumulada desde la entrada en vigor del reglamento en el 2014.
Como antecedente, refirió que en el 2021 la SMV modificó el reglamento para exigir que se publique información relacionada con directores y gerentes.
Información reservada
Otro aspecto que, a su juicio, requiere revisión es el tratamiento de la información reservada. Se trata de información que la compañía comunica a la SMV, pero cuya difusión al mercado solicita mantener en reserva, como ocurre durante negociaciones corporativas en curso, dijo.
La regulación vigente deja algunos aspectos sujetos a interpretación, especialmente respecto de los requisitos para aprobar el carácter reservado de determinada información dentro de los órganos societarios, explicó.
“Ese es un tema que nunca se ha ajustado desde que se emitió el reglamento y sería importante otorgar mayor claridad para reducir espacios de discrecionalidad”, comentó.
La SMV señala que la propuesta incorporará la experiencia supervisora y sancionadora acumulada durante los últimos años, incluyendo precisiones y mejoras regulatorias que permitan fortalecer la transparencia del mercado de valores.
Riesgos
Chinguel sostiene que, para los emisores, el principal riesgo sería un incremento en las cargas de cumplimiento y en la necesidad de fortalecer sus procesos internos de identificación, evaluación y reporte de Hechos de Importancia, así como un mayor riesgo sancionador si las nuevas reglas incorporan criterios más exigentes.
Para los inversionistas, el riesgo sería limitado; sin embargo, una regulación excesivamente amplia podría generar sobredivulgación (information overload), dificultando identificar la información verdaderamente material, indicó. Por ello, el desafío regulatorio consistirá en lograr un equilibrio entre mayor transparencia y divulgaciones realmente relevantes para el mercado.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
