La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra Jorge Enrique Ugarte Olivera, a quien señala como presunto organizador de las protestas realizadas el pasado 30 de abril frente a la sede del organismo electoral y en las inmediaciones de la vivienda de su presidente, Roberto Burneo.
La acción legal fue interpuesta el 2 de mayo ante el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima. Inicialmente, la denuncia contemplaba el presunto delito de sedición; sin embargo, fue ampliada para incluir otras posibles infracciones, como acoso, grave perturbación de la tranquilidad pública y violencia contra la autoridad.
Según el documento presentado por la Procuraduría, Ugarte habría tenido un rol activo en la convocatoria, organización y conducción de las movilizaciones, en las que participaron alrededor de 500 personas. Las protestas se desarrollaron en un contexto político-electoral sensible y bajo estado de emergencia en Lima Metropolitana.
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El informe N.° 56-2026-OSGRI/JNE, elaborado por la Oficina de Seguridad y Gestión de Riesgos Institucionales, detalla que la convocatoria fue difundida previamente a través de redes sociales, particularmente en TikTok. Además, se indica que el denunciado habría utilizado “redes sociales, transmisiones en vivo, megáfonos y medios de amplificación para dirigir el desarrollo de la protesta”.
Durante las concentraciones, los participantes utilizaron objetos sonoros como ollas y tapas, además de lanzar arengas y expresiones consideradas agraviantes contra autoridades electorales, especialmente contra Burneo.
Protestas frente al JNE y vivienda de su presidente Roberto Burneo motivaron la denuncia presentada por la Procuraduría Pública del organismo. Foto: Andina.
Protesta frente a vivienda
La denuncia también incluye los hechos ocurridos en el domicilio del presidente del JNE. De acuerdo con la Procuraduría, el traslado de los manifestantes hacia ese punto habría sido organizado y liderado por el denunciado, quien continuó promoviendo consignas hostiles mediante el uso de un megáfono.
El documento sostiene que esta conducta “no puede ser apreciada como un simple ejercicio regular del derecho de protesta“, debido a que implicaron una presión directa sobre una autoridad electoral en su ámbito privado, generando —según se indica— zozobra, intimidación y afectación a su entorno personal y familiar.
Asimismo, se señala que durante la movilización se habría reiterado la consigna “golpe cívico militar”, lo que, según la Procuraduría, excede la crítica política y podría interpretarse como un mensaje de presión o desconocimiento del orden constitucional.
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Difusión y diligencias
Otro aspecto considerado en la denuncia es la difusión de los hechos a través de redes sociales. La Procuraduría advierte que la publicación de la dirección del domicilio del titular del JNE en comentarios de transmisiones en vivo incrementa el riesgo de nuevas concentraciones o actos de hostigamiento.
En ese contexto, se solicitó al Ministerio Público una serie de diligencias, entre ellas, tomar la declaración de Ugarte Olivera, identificar a quienes habrían facilitado el traslado de manifestantes y analizar el contenido de los videos difundidos en redes sociales para determinar eventuales responsabilidades.
