Jurado Nacional de Elecciones. Foto: GEC.
Jurado Nacional de Elecciones. Foto: GEC.

El inicio de toda labor pública exige el juramento de respetar la Constitución; lo hace el Presidente de la República, el presidente de la ONPE y el del JNE. No soy abogado ni constitucionalista; simplemente aplico el sentido común sobre la importancia de seguir las reglas en cada acción de nuestras vidas, especialmente cuando se trata de las normas que rigen a una nación.

Las últimas elecciones están plagadas de vicios reconocidos por el propio JNE en dos actos:

En primer lugar esta la denuncia del procurador del JNE contra el presidente y funcionarios de la ONPE por las múltiples irregularidades del día de la elección. “La suma de estos actos y omisiones configuró una jornada de flagrancia funcional permanente, donde el sistema electoral fue instrumentalizado para impedir el voto ciudadano en sectores focalizados, lesionando irreversiblemente la Fe Pública y los intereses del Estado representados por el Jurado Nacional de Elecciones“.

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En segundo lugar está el extenso informe del JNE sobre las más de 80 denuncias presentadas por las irregularidades del pasado 12 de abril, en el cual se reconoce que más de 500,000 ciudadanos vieron afectados sus derechos políticos.

Es decir, el JNE reconoce tácitamente las graves faltas cometidas por la ONPE el día de las elecciones. Y conociendo dichos graves sucesos, les recuerdo el juramento que hicieron al asumir la responsabilidad que hoy tienen frente a todos los peruanos:

¿Juráis por Dios y por la Patria desempeñar fielmente el cargo que se os confía, cumplir la Constitución y las leyes del Perú?

— Sí, juro.

Y si juraron cumplir la constitución, y reconocen que hubo medio millón de peruanos afectados, les recuerdo el artículo 31 de la constitución

Participación ciudadana en los asuntos públicos:

…Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. … “es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.”

¿En qué quedamos, entonces? Juraron defender una Constitución que es precisa y puntual en la defensa de los derechos ciudadanos: “es nulo y punible... prohíba o limite...”. Sin embargo, los miembros del JNE pasan por alto su juramento de defensa de la constitución, al priorizar un calendario electoral por encima del orden constitucional; priorizan la forma sobre el fondo que es la defensa de la voluntad popular expresada en el voto, negado por el mismo estado a más de medio millón de peruanos.

¿Cómo pretendemos construir una República sólida si las máximas autoridades reconocen que los derechos ciudadanos son violados por el propio Estado y, aun así, hacen caso omiso?

Esto no puede “pasarse por agua tibia” y señalar con una irresponsable frialdad que a pesar de la violacion constitucional, el acto está consumado y nada se puede hacer. Grave error! Esto constituye una grave fisura en los cimientos de nuestra nación.

No se escuchan las voces de los demás partidos políticos que participaron en esta contienda gracias a nuestra Carta Magna, que nos ha permitido crecer ininterrumpidamente desde 1993. Las voces de las fuerzas políticas deben mantener encendida la llama de la inconformidad frente a este atropello.

Los miembros del JNE aún están a tiempo de corregir el rumbo y devolver el derecho a todos los ciudadanos afectados por la instrumentalización denunciada. Los peruanos tenemos el derecho de conocer la verdad electoral, pero, sobre todo, de saber que existe una Constitución que se respeta.

Si el JNE, como máxima autoridad, no cumple su juramento, entonces la prensa, los gremios, el Fiscal de la Nación, el Congreso y demás autoridades tienen el deber y la obligación de alzar la voz y exigir una rectificación por el bien y el futuro de la nación.

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