Los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se reunirán este miércoles 2 de septiembre para elegir, mediante votación secreta, al nuevo presidente del organismo.
La elección permitirá definir al sucesor de Helder Domínguez Haro, quien asumió la conducción del TC luego de la renuncia de Luz Pacheco Zerga.
La autoridad que resulte electa asumirá el cargo hasta mayo de 2027, cuando concluya el periodo de cinco años de los actuales integrantes del colegiado.
El presidente elegido tendrá a su cargo la conducción de las audiencias de las causas constitucionales, además de la representación institucional del TC. También se deberá definir al vicepresidente, quien asumirá la conducción del organismo ante una eventual ausencia temporal del titular.
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¿Cómo se elegirá al nuevo presidente?
El procedimiento está establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Para que la sesión pueda realizarse se exige un quórum mínimo de cinco miembros.
En una primera votación, el candidato necesita obtener al menos cinco votos para ser elegido presidente. Si ninguno alcanza ese número, se realizará una segunda ronda, en la que bastará la mayoría simple de los magistrados presentes.
En caso de que se produzca un empate sucesivo, la norma establece que la presidencia recaerá en el magistrado con mayor antigüedad en el cargo o, de corresponder, en la colegiación profesional.
¿Quiénes participarán en la elección?
Los siete integrantes del TC que definirán la nueva presidencia son Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Alfredo Hernández Chávez.
La nueva gestión también tendrá entre sus responsabilidades el seguimiento de proyectos de interoperabilidad digital con el Poder Judicial y la atención de los expedientes que permanecen en trámite.
El TC informó recientemente que, desde su creación en 1996, ha emitido más de 141,000 resoluciones. En ese contexto, el organismo viene impulsando medidas orientadas a agilizar la resolución de procesos constitucionales en el país.
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