El Tribunal Constitucional (TC) evaluó en audiencia pública las demandas contra el Decreto de Urgencia 010-2025, que plantea la reestructuración de Petroperú mediante Proinversión y, tras escuchar a las partes, dejó el caso al voto para emitir una decisión final.
El primer turno se inició con los procesos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Poder Ejecutivo, por la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025, que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú y garantizar la continuidad de la cadena de producción.
La sesión continuó y, al finalizar, quedaron al voto (incluido el caso de la petrolera estatal) un total de 7 procesos de amparo, 3 de habeas corpus, 1 de habeas data y 1 de inconstitucionalidad, procedentes de Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima y Piura.
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Como se recuerda, la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara presentaron las demandas, con respaldo de los colegios de Abogados e Ingenieros. Estas instituciones alertaron que la norma podría permitir la privatización o división de Petroperú en medio de su crisis financiera.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, pidió evitar la privatización o el desmantelamiento de petrolera y rechazó que terceros operen la empresa mediante concesiones.
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Gutiérrez afirmó que la norma podría favorecer intereses de terceros antes que el interés nacional. Durante la audiencia, la Defensoría respondió las consultas técnicas del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse.
El Decreto de Urgencia 010-2025 fue emitido el 31 de diciembre de 2025 durante el gobierno de José Jerí. La disposición propone separar activos y unidades de negocio de Petroperú para que sean administrados por operadores privados especializados. Sin embargo, los demandantes consideran que el Ejecutivo evitó el debate parlamentario y vulneró la separación de poderes.
Los demandantes sostuvieron que el decreto no cumpliría las condiciones constitucionales de urgencia e imprevisibilidad requeridas para este tipo de normas.
Los demandantes sostuvieron que el decreto no cumpliría las condiciones constitucionales de urgencia e imprevisibilidad requeridas para este tipo de normas. Foto: Andina.
