Las requisas realizadas el 7 y 8 de febrero en el penal de Barbadillo, donde cumplen reclusión cuatro expresidentes, generaron denuncias formales, cuestionamientos legales y un nuevo debate sobre las condiciones carcelarias y los controles internos en dicho establecimiento.
El sábado 7 de febrero, entre las 18:00 y 19:00 horas, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó una requisa general en las celdas ocupadas por Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Según los escritos presentados posteriormente, esa diligencia se desarrolló sin observaciones y los bienes encontrados contarían con autorización para cubrir necesidades no garantizadas por el Estado.
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Sin embargo, el domingo 8 de febrero se ejecutó una segunda intervención. El diario El Comercio publicó un informe en el que se muestran televisores, refrigeradoras personales y otros equipos electrónicos en los ambientes.
La defensa de Ollanta Humala envió una carta a la jefatura del INPE denunciando la toma y difusión no autorizada de fotografías durante la requisa del domingo.
El abogado Edinson Huamán Chacón sostuvo que su patrocinado no autorizó la captura ni la difusión de imágenes y que ello vulneraría el derecho fundamental a la intimidad y al uso de la imagen y voz, protegido por el artículo 2, inciso 7, de la Constitución y el artículo 15 del Código Civil.
La defensa solicitó la identificación de quién ordenó la toma de las imágenes y quién dispuso su entrega a medios.
Además, advirtió que los hechos podrían encajar en presuntos delitos de violación a la intimidad y tráfico ilegal de datos personales.
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Por su parte, Martín Vizcarra presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Este contra Henry García Malpartida, director de Seguridad Penitenciaria del INPE, y contra quienes resulten responsables.
La denuncia es por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación a la intimidad en su forma agravada, en agravio del Estado y del propio exmandatario.
En su escrito, Vizcarra cuestiona que se haya realizado una segunda requisa el domingo 8 de febrero, pese a que la inspección del día anterior no habría arrojado incidentes ni hallazgos prohibidos.
Hasta el momento, Alejandro Toledo y Pedro Castillo no han emitido un pronunciamiento público formal respecto de las intervenciones.
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El exjefe del INPE, Leonardo Caparrós, se pronunció sobre el tema en declaraciones a Canal N.
Caparrós sostuvo que no existe una norma que otorgue un trato diferenciado por la condición de expresidente y explicó que el ingreso de equipos como televisores o refrigeradoras debe contar con autorización formal y quedar registrado en actas aprobadas por el consejo penitenciario. Además, precisó que estos bienes, cuando son permitidos, deberían tener carácter comunitario y no individual.
En esa línea, afirmó: “No veo privilegios en Barbadillo, es una situación vigente desde Fujimori”.
También indicó que, según información atribuida al propio INPE, varios de los implementos hallados no figurarían en los registros de permisos, lo que consideró un aspecto irregular que debe ser revisado.
Asimismo, calificó como grave que las cámaras de videovigilancia del penal se encuentren inoperativas, ya que estos sistemas permiten el control de visitas y el registro de ingresos y salidas.
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El INPE deberá responder a los requerimientos formales y a la denuncia penal presentada.
