
La Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó una denuncia penal contra 4 miembros del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) por presuntamente interferir en procesos judiciales al imponer sanciones disciplinarias a miembros de la JNJ.
El documento, firmado por el procurador Marlo Tello Ponce, fue remitido al Ministerio Público con fundamento en el presunto delito de avocamiento ilegal.
La acusación cuestiona dos resoluciones del CAL que, a partir de una denuncia del Instituto de Defensa Legal (IDL), dispusieron suspender por 6 meses a 5 miembros de la JNJ, pese a que existía un proceso de amparo en curso sobre los mismos hechos, aún pendiente de resolución judicial.
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La Procuraduría sostuvo en el documento que los consejeros éticos vulneraron el artículo 410 del Código Penal, que sanciona a autoridades que, a sabiendas, se aboquen a causas judiciales en trámite.
Los hechos involucrados incluyen la nulidad de la designación de Patricia Benavides, el uso de la fuerza pública para su restitución y la presunta falta de transmisión de sesiones de la JNJ, frente a los cuales el CAL, según la denuncia, no tenía competencia para emitir sanciones mientras el Poder Judicial (PJ) no resolviera.
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Los denunciados son Carlos Enrique Ampuero Montes, presidente del Consejo de Ética, Félix Augusto Vasi Zevallos, María Catalina Vera Tudela Peña y Fernando Castañeda Ipanaque, a quienes se atribuye de presuntamente haber emitido resoluciones basadas en los mismos hechos que estaban siendo revisados por el PJ, configurando una interferencia en su labor.
En el documento se argumentó que, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando una entidad advierte que existe un proceso judicial sobre los mismos hechos, debe abstenerse de intervenir hasta que la justicia se pronuncie.
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Acusación por presunta ilegitimidad
Por otro lado, la denuncia también incluye una acusación por presunta ilegitimidad de los actuales miembros del Consejo de Ética del CAL, debido a que una medida cautelar del Tercer Juzgado Constitucional de Lima habría ordenado suspenderlos y reincorporar a los anteriores consejeros, Carmen Castillo Yataco y Jesús Palomino Figueroa.
El PJ habría considerado incumplida esa orden y remitido copias al Ministerio Público por presunta desobediencia a la autoridad, lo que, según la Procuraduría, agrava la situación de los denunciados.
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La denuncia adjunta documentos judiciales que acreditan la existencia del proceso constitucional en trámite, así como las resoluciones del CAL que suspendieron a los magistrados y sobre decisiones que cuestionan la legitimidad de los actuales consejeros del Consejo de Ética.
Todos estos documentos se presentan como pruebas para sustentar la denuncia y la necesidad de abrir una investigación penal contra los acusados.









