Los presidentes de las cortes superiores de justicia del Perú emitieron un pronunciamiento ante las iniciativas legislativas y los cuestionamientos formulados en el debate público sobre el sistema de justicia.
Los magistrados reafirmaron de forma unánime que la independencia judicial, la imparcialidad y la sujeción a la Constitución y la ley constituyen las garantías esenciales para la debida protección de los derechos de todos los ciudadanos.
En su comunicado oficial, los magistrados reconocieron expresamente la necesidad de contar con una justicia transparente, célere, accesible y sometida a una constante evaluación y rendición de cuentas. No obstante, remarcaron que cualquier tipo de reforma del sistema de justicia en el país debe promoverse obligatoriamente mediante un diálogo técnico, responsable y respetuoso del orden constitucional vigente.
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Magistrados reconocieron la necesidad de contar con una justicia transparente, célere, accesible y sometida a una constante evaluación y rendición de cuentas. Foto: GEC.
Los titulares de las cortes manifestaron su preocupación frente a las diversas iniciativas políticas que según indicaron pueden afectar la independencia funcional de los magistrados o condicionar de manera indebida el ejercicio de la función jurisdiccional.
En ese sentido, puntualizaron que toda reforma que se encuentre vinculada a la carrera judicial o a los mecanismos de responsabilidad funcional debe ser obligatoriamente objeto de un análisis constitucional, técnico y plural.
Ante este escenario, los firmantes expresaron su respaldo total a las acciones de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, orientadas a preservar la autonomía de la institución y a garantizar que los mecanismos constitucionales de tutela de derechos puedan ejercerse con independencia.
Telló cuestionó, el martes 23 de junio proyectos de ley y reformas que, según indicó, habrían puesto en riesgo la independencia judicial.
En particular,exhortó al Congreso de la República del Perú a rechazar iniciativas contenidas en un texto sustitutorio que modifica la Ley de la Carrera Judicial y el Código Penal, entre ellas el agravamiento del delito de prevaricato.
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Finalmente, hicieron una invocación formal a las demás instituciones del Estado para contribuir al fortalecimiento de la meritocracia y la transparencia, exhortándolas a evitar presiones o expresiones que puedan terminar afectando el normal desarrollo de los procesos judiciales en el territorio nacional.
