A diferencia de los capítulos económicos en los planes de gobierno, donde analizamos propuestas de alto riesgo y elevado costo; así como de la sección seguridad ciudadana, donde el eje principal fue la “mano firme”; los apartados constitucionales y de reforma del sistema de justicia concentran algunas de las propuestas más sensibles y polarizantes de la campaña electoral 2026. Revisamos las más controversiales.
Cambios a la Constitución, redefinición de poderes del Estado, reformas profundas al sistema judicial y planteamientos sobre derechos fundamentales podrían configurar un escenario de alto riesgo político, legal e institucional.
Varias de estas iniciativas -según especialistas en la materia consultados por Gestión- podrían alterar equilibrios básicos del Estado de derecho, abrir conflictos con el Poder Judicial o generar incertidumbre sobre la estabilidad democrática y jurídica del país.
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Aborto, eutanasia y unión civil en el centro del debate
Uno de los ejes más sensibles aparece en las propuestas vinculadas a bioética y derechos fundamentales. Se habla desde una despenalización del aborto, hasta la aprobación de la “muerte digna”, dos temas ampliamente debatidos a nivel mundial. Los candidatos a la presidencia lo saben y algunos han decidido llevarlos a su plan de gobierno.
- Abrir un amplio debate para reconocer y proteger el derecho a una muerte digna, y proponer cambios en las normas correspondientes - Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno)
- Excepcionalmente el aborto terapéutico y violaciones a menores; además la eutanasia debidamente probada y crear marco jurídico para unión de parejas del mismo sexo - Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
A nivel mundial es amplio el debate sobre la "muerte digna", mediante los diferentes mecanismos que se puedan conceder.
Hoy, la legislación peruana no reconoce el derecho a una muerte digna ni la eutanasia. La Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 1, protege el derecho a la vida sin contemplar excepciones en este ámbito, y no existe una ley que regule o autorice la eutanasia, por lo que cualquier avance en esa línea requeriría cambios normativos de fondo.
“El tema de la eutanasia ya ha sido regulado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Es un caso emblemático, resuelto a través de un amparo hace unos dos años. Y por lo tanto sí, parecería ser un tema importante de reforma, si no a nivel constitucional, por lo menos a nivel legal, porque hay un conflicto entre el concepto de la vida y el concepto de la muerte por piedad o la muerte por conmiseración, en la medida en que hay una enfermedad terminal grave e irreversible, degradante, que tampoco lleva a una situación de vida plena”, dijo a este medio Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista.
En materia de aborto, el Código Penal solo permite el aborto terapéutico: el artículo 119 establece que no es punible cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar un daño grave y permanente a su salud. El aborto por violación, incluso en menores, sigue siendo delito.
“En cuanto al aborto, ya hay una regulación legal, en los tres supuestos de exención. En el Perú no se permite el aborto libre, sino bajo tres causales específicamente determinadas, que es el embarazo producto de una violación, que es una agresión grave, y que encima no puede ser sancionado con un embarazo no deseado, el aborto en condiciones llamadas aborto terapéutico o eugenésico, cuando el feto viene con malformaciones graves si comprobadas médicamente, y en tercer lugar cuando la vida de la madre está en peligro, como consecuencia de la gestación también determinada médica o clínicamente. Así que por ese lado no había problema y no creo que tenga necesidad de hacerse una regulación a nivel constitucional”, agregó Quiroga.
Respecto a las uniones entre personas del mismo sexo, la Constitución reconoce la igualdad ante la ley (artículo 2, inciso 2), pero actualmente no existe una norma que regule el matrimonio igualitario ni una unión civil.
“Y el tema de la unión civil es un tema que se va a dar más tarde o más temprano, porque la Constitución habla del derecho a la igualdad como un tema capital entre los derechos fundamentales. Y si eso es así, y no hay restricción alguna, para que hayan parejas heterosexuales o parejas del mismo sexo, no tiene sentido impedir esa regulación legal, es algo que está en la realidad no sólo de ahora sino de hace mucho tiempo. Y como ha ocurrido en otros países, me parece que más tarde o más temprano la implementación plena del derecho a la igualdad y la mayor ascensión de los derechos fundamentales va a hacer que se termine regulando la unión civil o como quiera que se le denomine a la unión estable, permanente, entre dos personas del mismo sexo”, señala el abogado constitucionalista.
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Asamblea Constituyente: el punto de mayor polarización
La convocatoria a una nueva Constitución reaparece como una de las propuestas más reiteradas —y polémicas— en los planes de gobierno. Ahora más partidos se suman a esta iniciativa.
- Aprobación de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente o el Congreso - Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
- Contar con una Nueva Constitución con institucionalidad democrática, fruto de la Asamblea Constituyente - Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
- Convocar vía referéndum a una Asamblea Constituyente Plurinacional para aprobar una Nueva Constitución nacida del pueblo - Ronald Atencio (Venceremos)
Estas son las tres propuestas que hallamos sobre el impulso a una nueva Constitución. Sin embargo, también hay planteamientos como “crear un nuevo poder popular como poder del Estado adicional” y una “promoción generalizada de un referéndum en todo aspecto”.
El próximo Congreso bicameral será pieza clave para la toma de decisiones del nuevo gobierno.
Según Luciano López, abogado constitucionalista, “de acuerdo a un fallo del Tribunal Constitucional, si fuese posible llamar a un referéndum sería solo mediante una ley que previamente aprueba el Congreso”. Esto, en base a la “convocatoria” a una Asamblea Constituyente.
“No se puede llamar a un referéndum por la sola iniciativa del Poder Ejecutivo. Todo debe seguir los procedimientos legales y constitucionales”, señaló López a Gestión.
En ese sentido, los consensos y el apoyo del Parlamento son pieza fundamental. No pueden ser “promesas” de campaña.
A su vez, Aníbal Quiroga señala lo siguiente:
“Es un tema recurrente de la izquierda. Quieren cada cierto tiempo refundar el país y hacer una nueva constitución. En absoluto hace falta una Asamblea Constituyente. Trae inestabilidad, trae inseguridad y traería el caos que quiso imponer Castillo. La actual constitución no permite la Asamblea Constituyente porque no está prevista. Su reforma total o parcial tiene que hacerse conforme a su artículo 206, con lo cual también ya ha sido zanjado por el Tribunal Constitucional. Para que haya una Asamblea Constituyente se requiere un momento constituyente y no estamos ni siquiera cerca de que ese momento exista. Tendría que haber un consenso de todas las fuerzas políticas por unanimidad, de toda la sociedad civil y en general de todos los estamentos económicos de que se requiere una nueva constitución. Mientras eso no ocurra así, es una cosa forzada ir a una nueva constitución”.
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Justicia penal, cárceles y elección popular de magistrados
Otras propuestas se concentran en el funcionamiento del sistema penal. Algunos plantean modificar el sistema de justicia para aplicar sanciones más duras, mientras otros argumentan que es necesario reformar el sistema judicial y constitucional.
- Aumentar el número de magistrados del Tribunal Constitucional de 7 a 9 - Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno)
- Reforma integral/reestructuración de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) - Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Rosario Fernández (Un camino diferente)
- Conversión total del sistema penitenciario en “cárceles productivas” - Herbert Calle (Partido Patriótico del Perú)
- Régimen carcelario extremo con trabajos forzados - Francisco Diez Canseco (Perú Acción)
- Jueces y fiscales elegidos por voto popular - Rosario Fernández (Un camino diferente)
- Control patrimonial y funcional permanente a jueces y fiscales - Rosario Fernández (Un camino diferente)
- Indultos a líderes sociales y “presos políticos” - Ronald Atencio (Venceremos)
“No son propuestas viables si es que no se siguen los procesos de reforma constitucional. Todas estas propuestas son reformas constitucionales. El procedimiento, con un régimen bicameral, va a requerir aprobación de las dos cámaras. Estas propuestas requerirían de un amplio consenso, en las dos cámaras”, explica Luciano López.
“Como dice el proverbio chino: hay que primero llegar al río antes de intentar cruzar el puente. Entonces no tiene sentido hablar de una megacárcel cuando ni siquiera hay una minicárcel o una cárcel común y corriente y el sistema penitenciario está francamente colapsado. Hecho sea de paso, el Tribunal Constitucional también ha constatado esto y ha declarado el sistema penitenciario un permanente estado de violación constitucional”, señala Quiroga.
Algunos candidatos buscan hacer de las cárceles lugares "más productivos", de llegar al sillón presidencial. Foto: Joel Alonzo/GEC
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El conjunto de estas propuestas revela que el debate electoral 2026 no solo gira en torno a políticas públicas, sino a la arquitectura misma del Estado.
Reformas constitucionales aceleradas, cambios profundos al sistema de justicia y mecanismos de democracia directa sin contrapesos claros plantean riesgos significativos para la estabilidad institucional.
Más allá de su atractivo electoral, estas iniciativas enfrentan barreras legales, técnicas y políticas de gran magnitud. El desafío central será si el próximo gobierno opta por reformas graduales y consensuadas o si, por el contrario, impulsa cambios estructurales que podrían profundizar la polarización y la incertidumbre en un país ya marcado por una prolongada crisis de confianza institucional.
Escribo sobre política, economía, defensa y afines. Nueve años contando historias y analizando problemáticas en prensa escrita, radio y televisión.
