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El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, calificó de “violento y ofensivo” el comunicado emitido hoy por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) en el que sostuvieron que las regiones no respaldarán actos manchados de ilegalidad, al referirse a la revelación de que la presidenta Dina Boluarte recibió S/ 1,1 millones en sus cuentas de origen desconocido, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Hemos leído con preocupación el comunicado inmerecidamente violento y ofensivo dirigido al gobierno y que va en contra de los esfuerzos de gobernabilidad que se está llevando adelante”, expresó el jefe del Gabinete, tras culminar el Consejo de Ministros.
Añadió que el Ejecutivo considera dicho pronunciamiento como un “acto impropio y ligero”, tras indicar que les
causó sorpresa.
“Estamos seguros que no representa a la totalidad de los gobiernos regionales, muy por el contrario estamos seguros que la gran mayoría de gobiernos regionales están convencidos del esfuerzo que día a día se está haciendo codo codo a su lado para solucionar los grandes problemas que tenemos en las regiones”, anotó.
Además, el premier indicó que confían en que con el dialogo se puedan despejar las diferencias o inquietudes de aquellos gobernadores regionales que han suscrito dicho pronunciamiento.
Minutos después, Gustavo Adrianzén, presentó un segundo comunicado, emitido por 18 gobernadores regionales en el que dan cuenta que dicho comunicado o fue fruto del consenso de todos los gobiernos regionales. Además, invocaron al Ejecutivo a desplegar todos los esfuerzos en búsqueda de la unidad nacional.
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¿Que dijo el comunicado de la ANGR?
A través de un comunicado, dicho organismo consideró que los hechos presuntamente atribuidos a la jefa de Estado respecto a un incremento patrimonial no justificado “deben ser materia de una exhaustiva investigación en el Poder Judicial con las consecuencias legales que ello amerite”.
“La regiones del país no respaldaremos actos manchados de ilegalidad y que pongan en peligro la gobernabilidad y la estabilidad del país”, indicó la ANGR.
Agregaron que necesitamos fortalecer nuestras instituciones, resolver los principales problemas que afectan a la población, “que se encuentra permanentemente en medio de conflictos políticos, impidiendo atender sus demandas”.
¿Cuáles son los cuestionamientos que pesan sobre Boluarte?
El portal de noticias ‘La Encerrona’ analizó un total de 10,000 fotografías y determinó que Boluarte tendría una colección de, al menos, 14 relojes de alta gama, entre ellos, un Rolex, desde que inició funciones como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) hasta que juró como presidenta.
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Producto de ello, la Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares en su contra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.
Esta noticia encendió una alerta sobre los ingresos económicos de la jefa de Estado, que en su momento fueron analizados por la UIF, de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Dicho organismo, según informó el diario El Comercio, detectó movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de la mandataria entre agosto del 2016 y agosto del 2022. Estas cuentas recibieron numerosos depósitos en efectivo y transferencias cuyo origen se desconoce.
Hasta el año pasado, Boluarte había declarado ingresos en bienes por S/462,968 soles (US$ 126,000 dólares) y otros ingresos, que no fueron especificados, por S/ 593, 347 (US$ 161,000), además de su salario mensual como presidenta de S/ 16,000 (US$ 4,300).
No obstante, el informe de la UIF, que data de noviembre del 2022, advierte que más de un millón de soles ingresó a 11 cuentas bancarias, cuatro de ellas mancomunadas.
En total, los abonos en efectivo que recibió Boluarte en sus cuentas son por S/ 1′097,200 y US$ 2,200. Ambos montos suman S/ 1,1 millones.
En el informe también se alerta que otra operación sospechosa que realizó la jefa de Estado, en el año 2018, es la adquisición de la camioneta Honda CR-V, por un monto de US$25,990. Según el reporte, canceló el vehículo con un depósito en efectivo, “desconociéndose el origen de dichos fondos”.
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