El Ministerio Público inició una investigación preparatoria contra la expresidenta Dina Boluarte y otras siete personas por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, cuando fue parte de la fórmula presidencial del partido político Perú Libre.
La medida fue adoptada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho), a través de la disposición número 36, emitida el último 24 de abril, en la que dispone la formalización y continuación de esta investigación preparatoria seguida a la exmandataria y los demás implicados en el caso, informó RPP.
¿Por qué se investiga a Dina Boluarte?
La instancia fiscal también dispuso que dicha investigación preparatoria se lleve a cabo en un plazo de 36 meses al amparo de la Ley Contra el Crimen Organizado - Ley N.° 30077.
Esta disposición fiscal fue comunicada al despacho del juez Fernando Valdez, quien tendrá a su cargo el control de esta investigación preparatoria.
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La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho) investiga a Boluarte por, presuntamente, haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre para recaudar fondos de los militantes de este partido a fin de pagar una reparación civil que se impuso al prófugo líder de esta agrupación, Vladimir Cerrón, entre otros hechos.
Comisión Permanente otorga plazo para investigar a Boluarte
La Comisión Permanente otorgó un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y presente informe final respecto a la Denuncia Constitucional 694, contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, declarada procedente en el extremo de ser presunta autora del delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
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La denuncia constitucional interpuesta por el fiscal de la Nación, Tómas Gálvez se da en el contexto del supuesto nombramiento irregular de María Elena Aguilar del Águila como presidenta ejecutiva de EsSalud. (Foto: Andina)
La decisión se adoptó por unanimidad (17 votos) en la sesión de ese órgano parlamentario conducido por el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro.
Se trata de una denuncia constitucional interpuesta por el fiscal de la Nación, Tómas Aladino Gálvez Villegas, y se da en el contexto del supuesto nombramiento irregular de María Elena Aguilar del Águila como presidenta ejecutiva de EsSalud, que habría surgido como parte de un presunto acuerdo para permitir la recomendación de profesionales en el sector salud.
En el extremo declarado improcedente, que involucraba al exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Ysau Maurate Romero, pasó al archivo.
