El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el padrón electoral definitivo que será utilizado en las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre de 2026. La nómina quedó conformada por 26 millones 314,648 ciudadanos peruanos habilitados para sufragar y 76 ciudadanos extranjeros inscritos, lo que suma un total de 26 millones 314,724 electores.
Según la Resolución N.° 1266-2026-JNE, aprobada dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral, los 26 millones 314,648 ciudadanos podrán participar tanto en las elecciones regionales como municipales. En tanto, los 76 extranjeros registrados únicamente estarán habilitados para votar en los comicios municipales.
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La resolución también precisa que fueron excluidas del padrón definitivo ocho personas que, en su calidad de exfuncionarios públicos, fueron inhabilitadas por el Congreso de la República en aplicación del artículo 100 de la Constitución. Debido a dicha sanción, se encuentran impedidas de ejercer el derecho al voto y de postular a cargos de elección popular.
Para la elaboración y validación del padrón definitivo, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE llevó a cabo un proceso de verificación de la información contenida en la lista inicial de electores remitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Jurado Nacional de Elecciones aprueba padrón electoral para Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: JNE.
Las labores incluyeron la revisión de datos tanto en campo como en gabinete, con el objetivo de identificar posibles inconsistencias en los registros, verificar la residencia efectiva de los electores y detectar casos de personas fallecidas que aún pudieran figurar en la relación preliminar.
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Tras concluir este proceso, el organismo electoral trasladó las observaciones detectadas al Reniec para su respectiva corrección y actualización.
El JNE señaló que la fiscalización del padrón se realizó en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, con la finalidad de garantizar la legalidad y transparencia del proceso electoral, así como asegurar que los resultados reflejen de manera fiel la voluntad ciudadana.
