La exfiscal de la Nación Delia Espinoza apeló la sentencia contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y exhortó al Poder Judicial a que la condena por difamación agravada sea elevada de 9 meses de prisión suspendida a un año y 8 meses de cárcel efectiva. Además, solicitó que la reparación civil aumente de S/200,000 a S/1 millón y que los días-multa suban de 100 a 201.
La defensa de Espinoza presentó el recurso el pasado 24 de abril con el objetivo de que se revoque parcialmente la sentencia emitida el 15 de abril por la jueza suprema Norma Carbajal.
Según la apelación, Rospigliosi actuó de manera dolosa pese a contar con “circunstancias personales favorables”, como formación profesional, solvencia económica y posición funcional, por lo que correspondería una sanción mayor.
Asimismo, la defensa sostiene que el legislador no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 57 del Código Penal para acceder a una condena suspendida, razón por la cual la pena debería ejecutarse de manera efectiva.
El 30 de abril, la jueza Carbajal concedió el recurso y ordenó remitirlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que deberá evaluar si admite la apelación y posteriormente convocar a una audiencia virtual antes de emitir un fallo definitivo.
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En paralelo, la magistrada dispuso remitir un oficio al Jurado Nacional de Elecciones para informar sobre la sentencia contra Rospigliosi, quien actualmente es candidato al Senado por Fuerza Popular. No obstante, la jueza precisó que el fallo aún no está firme debido a que tanto Espinoza como la defensa del parlamentario han presentado recursos de apelación.
Delia Espinoza apeló la sentencia contra Fernando Rospigliosi y pidió que la condena pase de prisión suspendida a efectiva. Foto: difusión
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La sentencia original concluyó que Rospigliosi vulneró el honor de Espinoza mediante publicaciones en la red social X y declaraciones difundidas en medios, donde la calificó como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”, además de usar expresiones como “desquiciada” y “pro delincuente”. Según la resolución judicial, dichas afirmaciones constituyeron un uso abusivo del derecho a la libertad de expresión.
