La Mesa Directiva del Congreso de la República del Perú expresó su rechazo a la sentencia de primera instancia contra el congresista Fernando Rospigliosi y solicitó que el caso sea revisado por una instancia superior. El Parlamento consideró que la resolución afecta la libertad de opinión en el ejercicio de la función legislativa.
A través de un pronunciamiento, los integrantes de la Mesa Directiva manifestaron su “enérgico y categórico rechazo” a la sentencia emitida por el Poder Judicial del Perú contra Rospigliosi, actualmente presidente encargado del Parlamento.
En el comunicado, los legisladores sostienen que la decisión judicial “vulnera el derecho fundamental a la libertad de opinión” de los parlamentarios, al considerar que el ejercicio de sus funciones debe estar protegido por las garantías constitucionales.
Asimismo, señalaron que confían en que el fallo será revisado, indicando:
“Reafirmamos nuestra confianza en el sistema de justicia y en la garantía de la pluralidad de instancia”.
En esa línea, solicitaron que la decisión sea evaluada por la instancia superior competente, argumentando que la defensa de las garantías constitucionales resulta esencial para preservar el funcionamiento del sistema democrático y el equilibrio de poderes.
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Fernando Rospigliosi fue presidente del Congreso durante el gobierno de Jerí. (Foto: Congreso)
Contexto judicial
El 7 de abril, el Poder Judicial condenó a Fernando Rospigliosi a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación agravada en agravio de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza. La sentencia impone además el pago de S/ 200,000 por concepto de reparación civil y una multa de S/ 62,400.
De acuerdo con la resolución, el tribunal consideró que el congresista excedió los límites de la libertad de expresión al referirse a la exfiscal como “aliada del terrorismo”. Tras conocerse la sentencia, Rospigliosi anunció que apelararía el fallo.
Cabe señalar que al tratarse de una sentencia de primera instancia y mantenerse el proceso en curso, no implica la pérdida automática de su escaño ni inhabilitación inmediata, salvo que la condena quede firme.
Delia Espinoza fue inhabilitada por 10 años de la función pública por el Congreso. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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¿Qué sigue tras el fallo?
Al tratarse de una sentencia de primera instancia, el proceso judicial continúa abierto.
La apelación permitirá que un tribunal superior analice si las expresiones del congresista constituyen una crítica política protegida por la libertad de expresión o si configuran una afectación al honor de la exfuncionaria.
El Congreso, por su parte, ha señalado que la revisión del caso es necesaria para salvaguardar garantías constitucionales y el equilibrio de poderes, mientras que la defensa del parlamentario buscará revertir la condena en segunda instancia.
