La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que recomienda el archivo definitivo de la denuncia constitucional presentada contra la congresista Katy Ugarte, investigada por el presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho, en el denominado caso “mochasueldo”.
La decisión fue adoptada con siete votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra, lo que permitió cerrar el proceso sin objeciones formales dentro del grupo de trabajo parlamentario.
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Entre los legisladores que respaldaron el informe figuran Jorge Montoya, así como Martha Moyano y Arturo Alegría, ambos integrantes de Fuerza Popular. Dos congresistas optaron por abstenerse, mientras que no se registraron votos en contra.
La presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, votó en abstención. Se prevé que en las próximas horas se conozcan declaraciones adicionales de los miembros del grupo de trabajo sobre el caso.
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Caso “mochasueldo”
La acusación contra Katy Ugarte se originó tras las denuncias de tres trabajadores de su despacho congresal, quienes señalaron que habrían sido obligados a entregar parte de sus remuneraciones.
Según lo expuesto en su momento, el dinero presuntamente recortado habría sido destinado a la contratación de servicios en medios de comunicación del Cusco, con la finalidad de mejorar la imagen pública de la parlamentaria.
El caso generó atención en el Congreso debido a la naturaleza de las acusaciones y a los antecedentes de denuncias similares en el Parlamento bajo la figura del llamado “mochasueldo”.
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El informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sostiene que no se halló evidencia física suficiente que permita acreditar la comisión de un delito o una infracción constitucional por parte de la congresista.
Asimismo, el documento señala que durante la investigación se recogieron testimonios de otros trabajadores y ex trabajadores del despacho de Katy Ugarte, quienes indicaron que nunca se les exigió un recorte de sueldo.
De acuerdo con el informe, existirían contradicciones entre las versiones de los denunciantes y las declaraciones de otros colaboradores, lo que debilitó la solidez de la acusación y sustentó la recomendación de archivo definitivo.
