El Minedu informó que las separaciones incluyen medidas definitivas y preventivas mientras continúan los procesos judiciales. Foto: Minedu.
El Minedu informó que las separaciones incluyen medidas definitivas y preventivas mientras continúan los procesos judiciales. Foto: Minedu.

Con el objetivo de hacer de las escuelas lugares seguros para los estudiantes, desde el 14 de octubre de 2025 al 12 de febrero de 2026, el en todo el país a 273 personas —243 docentes y 30 trabajadores administrativos— que trabajaban en 250 colegios públicos y 23 privados por estar procesadas o condenadas por delitos graves.

Según el detalle oficial, 254 de los casos (226 docentes y 28 administrativos) corresponden a personas procesadas o condenadas por violación de la libertad sexual. Además, 9 (8 docentes y 1 administrativo) enfrentan cargos por terrorismo y apología del terrorismo; 7 (6 docentes y 1 administrativo), por proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales a través de medios tecnológicos; 2 por tráfico ilícito de drogas y 1 por secuestro.

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Del total de involucrados, 57 fueron retirados de manera definitiva tras contar con sentencias condenatorias emitidas por el , mientras que 216 fueron separados de forma preventiva mientras continúan los procesos judiciales correspondientes.

El Minedu informó que las separaciones incluyen medidas definitivas y preventivas mientras continúan los procesos judiciales. Foto: Minedu.
El Minedu informó que las separaciones incluyen medidas definitivas y preventivas mientras continúan los procesos judiciales. Foto: Minedu.

El , sostuvo que se mantiene una política permanente para retirar de las instituciones educativas a quienes representen un riesgo, con el propósito de garantizar que los centros de enseñanza sean espacios seguros para niños y adolescentes.

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Asimismo, el sector precisó que solo en lo que va del año se ha dispuesto la separación de 152 personas (134 docentes y 18 administrativos) por diversos delitos graves. De ese grupo, 143 casos (126 docentes y 17 administrativos) están vinculados a violación de la libertad sexual, y 4 (3 docentes y 1 administrativo) a proposiciones con fines sexuales a menores mediante plataformas tecnológicas.

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