La carrera por el sillón presidencial continúa y, con ello, aumenta el uso de diferentes tecnologías para repotenciar, optimizar y/o facilitar su campaña electoral.
¿Cuál será su función en las elecciones generales de Perú en 2026? Y, sobre todo ¿podría conllevar a un riesgo al proceso democrático?
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Peligros de la IA
José Tello, presidente de Aklla Perú, indicó que la IA representa “muchos” riesgos debido a que es una tecnología capaz de sorprender y volverse peligrosa si no se usa adecuadamente.
Señaló que, así como en 2016 se rompió el esquema de campaña tradicional, como el uso de pancartas, mítines, perifoneo en plazas por la irrupción del uso masivo de redes sociales, ahora se abre una etapa igualmente novedosa con la IA.
Sin embargo, advirtió que con la IA se deben tomar precauciones por los efectos que puede generar. Identificó como riesgo central el uso malicioso, especialmente con la proliferación de las noticias falsas que crean confusión en el electorado.
“También se encuentra el daño hacia la imagen de la persona, de los candidatos. (...) El daño contra el honor de las personas es algo que se puede afectar acá tremendamente y habla una figura delictiva en este caso”, acotó.
Por su parte, José Manuel Villalobos Campana, director de Dato Electoral Perú, señaló que el riesgo principal de la IA es la distorsión de la información. Explica que se pueden fabricar mensajes o piezas de publicidad política generadas con IA que no se ajusten a la verdad, atribuyendo a los candidatos frases, posturas o declaraciones que nunca realizaron.
“Se podrían fabricar publicidad o mensajes con la IA, que no se ajusten a la verdad. La ciudadanía puede tener información distorsionada y con ello decidir su voto. Se estaría afectando el principio de que el voto debe ser libre”, añadió.
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¿Se puede dar un buen uso de la IA?
Tello consideró que uno de los usos más valiosos sería hacer un “match” o cruce sistemático de los planes de gobierno.
Precisó que un ciudadano podría utilizar IA para que esta lea todos los planes de gobierno y le indique cuáles propuestas son más serias o cuál opción se ajusta mejor a determinados criterios.
Sin embargo, aclaró que para que ese resultado sea bueno la IA debe estar bien “programada” o configurada, donde el usuario tiene que saber qué es lo que está pidiendo, bajo qué parámetros y con qué precisión, porque de lo contrario la IA puede conducir también a desinformación involuntaria.
“El uso adecuado va por ese lado, porque si tienes 36 partidos solos y 3 alianzas electorales, 39 organizaciones políticas, con todas las propuestas que se pueden tener, es una vorágine inmanejable”, indicó.
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¿Existen normas electorales que regulen el mal uso de la IA?
Javier Albán, profesor de Derecho e investigador de la Universidad del Pacífico, indicó que actualmente no existe en la legislación electoral peruana una norma específica que sancione a un ciudadano por difundir información falsa en un proceso.
Precisó que si hay tipificaciones penales para conductas muy concretas, como atribuir falsamente la comisión de un delito a alguien o difundir expresiones que constituyan delito (por ejemplo, difamación), pero no un marco general que abarque toda desinformación electoral.
“Entiendo que en la Unión Europea, por ejemplo, se está discutiendo normas sobre reducir la posibilidad de que gente sea anónima en redes sociales”, añadió.
Albán explicó que hay una expectativa normativa de que los ciudadanos asuman un rol activo filtrando la información que consumen, contrastando datos y no creyendo de inmediato en todo lo que se viraliza.
Asimismo, también añadió que no existe una autoridad con competencia para imponer sanciones específicas por desinformación electoral generada con IA. El JNE podría emitir pronunciamientos, advertencias o llamados de atención, pero no sancionar si la ley no le otorga esa atribución.
“El Jurado puede hacer lo que la ley dice que puede hacer, igual que cualquier otro organismo público”, puntualizó.
Bachiller en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con seis años de experiencia en prensa radial, escrita, digital e instituciones públicas.
