Keiko Fujimori jurará el cargo alrededor del mediodía del martes para convertirse en la novena presidenta en una década de un país donde todos los mandatarios elegidos desde la década de 1990 han sido destituidos, encarcelados o investigados penalmente.
Hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, la futura mandataria devuelve al poder a una dinastía familiar profundamente divisiva e incorpora a Perú a la creciente ola conservadora en América Latina, en momentos que Donald Trump busca reafirmar el predominio de EE.UU. en el hemisferio.
Entre las autoridades que viajaron a Lima para su investidura figuran los presidentes de centroderecha de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Panamá, junto con el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau.
Fujimori tiene motivos para sentirse más confiada que sus desafortunados predecesores. Su mandato de cinco años coincide con el retorno de un Congreso bicameral, un cambio diseñado para frenar la facilidad con la que el Legislativo ha destituido presidentes. Además, contará con un respaldo legislativo más sólido que el de los gobiernos anteriores, ya que su partido tendrá suficientes escaños en el Senado para bloquear cualquier intento temprano de removerla del cargo.
Su partido, Fuerza Popular, obtuvo por un estrecho margen el respaldo necesario el domingo para liderar la cámara alta junto con un partido aliado de extrema derecha. Aun así, una coalición opositora obtuvo el control de la cámara baja, por lo que el gobierno deberá construir alianzas para sacar adelante su agenda en un Congreso polarizado y fragmentado. Esto convierte al centrista Partido del Buen Gobierno en un actor clave, ya que su respaldo daría una mayoría operativa tanto al bloque oficialista como a la oposición de izquierda.
Es probable que Buen Gobierno mantenga una postura constructiva, señaló Luis Ramos, jefe de análisis de renta variable de la corredora LarrainVial, en un informe. “Consideramos que el resultado constituye una validación temprana del esquema de coalición que sustenta la gobernabilidad de Fujimori y su capacidad para impulsar una agenda legislativa favorable al crecimiento”, agregó.
Pese al persistente ruido político, la nueva administración gozará de un entorno macroeconómico más predecible, lo que probablemente fortalecerá la confianza de los inversionistas y mejorará las perspectivas de crecimiento, señaló la calificadora Moody’s en su informe más reciente.
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Una nación dividida
Fujimori ganó la segunda vuelta de junio por un margen muy estrecho en su cuarto intento por llegar a la presidencia. En su campaña prometió reforzar el orden público, endurecer el control fronterizo y deportar a los migrantes que cometan delitos.
Al igual que otros líderes de la región, también prometió reducir la burocracia, acelerar los permisos para proyectos mineros y de infraestructura demorados y preservar la disciplina fiscal y la independencia del banco central bajo el experimentado presidente Julio Velarde. Desde su elección, los inversionistas han vuelto a apostar por los activos peruanos y todos los indicadores de confianza empresarial se han disparado.
Para encabezar su agenda económica, Fujimori eligió al consultor y exdirector del banco central Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas.
Entre los primeros desafíos del nuevo gobierno estarán el fenómeno climático de El Niño, que amenaza con provocar inundaciones catastróficas en el sector agrícola —la segunda mayor fuente de divisas de Perú después de la minería—, y el riesgo de un resurgimiento de los conflictos sociales en un país que sigue profundamente dividido por el legado del fujimorismo.
Fujimori, quien se convirtió en primera dama de Perú con apenas 19 años en el gobierno de su padre, ha pasado la mayor parte de su vida en la política y durante años ha sido una de las figuras más influyentes del país. Ahora regresa al Palacio de Gobierno donde creció, 26 años después de que su padre —posteriormente condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos— huyera de Perú y renunciara por fax desde Japón.
Su trayectoria política ha sido accidentada. Logró superar una investigación por presunto lavado de dinero relacionada con el financiamiento de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, y pasó varios meses en prisión preventiva antes de que el año pasado un tribunal superior desestimara el caso.
Fujimori ha evocado durante años el gobierno de su padre, resaltando sus logros en materia económica y de seguridad, que contribuyeron a sacar a Perú del borde del colapso económico en la década de 1990 y a derrotar a las guerrillas maoístas. Sin embargo, su legitimidad seguramente será cuestionada por las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de su padre.
“Su promesa de gobernar como su padre plantea el riesgo de un retorno a un régimen autoritario y corrupto que utilizó el aparato del Estado para cometer graves violaciones a los derechos humanos”, señaló un grupo de organizaciones de la sociedad civil en un manifiesto. “Es una memoria que el país no puede ni debe olvidar”.
