José Luna planteó invertir S/ 5,000 millones al año en seguridad, impulsar la industrialización y crear una Super Contraloría anticorrupción. Foto: Andina.
José Luna planteó invertir S/ 5,000 millones al año en seguridad, impulsar la industrialización y crear una Super Contraloría anticorrupción. Foto: Andina.

En el esperado debate presidencial de las , el , planteó durante el bloque de seguridad ciudadana del debate electoral aplicar un “shock de inversión” de S/ 5,000 millones anuales para enfrentar la criminalidad, además de incrementar el número de policías en las calles y fortalecer la investigación policial.

Como parte de sus propuestas, el postulante señaló que en un eventual gobierno suyo el asumiría nuevamente esa cartera, con el objetivo de ejecutar un plan de seguridad enfocado en combatir la extorsión y el sicariato.

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“Me acompañará Daniel Urresti como ministro del Interior en el gobierno. Juntos daremos el shock más importante en inversión de seguridad ciudadana en el Perú: 5 mil millones por año. Lograremos erradicar esta lacra”, afirmó durante su intervención.

Más policías y tecnología

Con el objetivo de mejorar la lucha contra el crimen organizado, el candidato indicó que además, “implementaremos el franco de 20 mil ternas para que puedan convertirse en policías de investigación del Perú”.

Asimismo, propuso reforzar a nivel nacional la dirección especializada contra la extorsión y el sicariato, además de equipar a la Policía con tecnología de geolocalización y georreferenciación para facilitar la identificación y captura de delincuentes.

Según explicó, el financiamiento para este plan provendría de recortes en el gasto público, entre ellos la reducción del presupuesto del Congreso en 50%, recursos que, según dijo, serían destinados a seguridad ciudadana.

Enfoque en investigación policial

Luna sostuvo que la seguridad depende principalmente del Poder Ejecutivo y reiteró que su estrategia se basa en tres ejes: mayor presupuesto, más policías en las calles y fortalecimiento de la investigación criminal.

En esa línea, aseguró que su partido presentó anteriormente un plan de seguridad con estas medidas al gobierno del expresidente Pedro Castillo, pero afirmó que no fue ejecutado.

El candidato centró su propuesta en incrementar la capacidad operativa de la Policía Nacional y fortalecer la investigación criminal como herramientas principales para enfrentar la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.

José Luna planteó invertir S/ 5,000 millones al año en seguridad, impulsar la industrialización y crear una Super Contraloría anticorrupción. Foto: Captura TV.
José Luna planteó invertir S/ 5,000 millones al año en seguridad, impulsar la industrialización y crear una Super Contraloría anticorrupción. Foto: Captura TV.

Industrialización del país como eje económico

En otro momento, Luna Gálvez señaló que su propuesta económica se basa en la industrialización del país, para que el Perú deje de exportar solo materias primas y pase a producir bienes con valor agregado, lo que permitiría generar empleo y crecimiento económico en las regiones.

El candidato sostuvo que este proceso requerirá inversiones en infraestructura como fibra óptica en distritos, electrificación trifásica a nivel nacional, construcción de represas, impulso a microempresas y el desarrollo de zonas económicas especiales vinculadas a corredores logísticos y al puerto de Chancay, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y productivo del país.

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Super Contraloría con rango constitucional

En materia anticorrupción, José Luna propuso modificar la Constitución para crear una “Super Contraloría” con rango constitucional, autonomía económica y mayor poder para prevenir y sancionar actos de corrupción en el Estado. “Tenemos que cambiar la Constitución y crear una Super Contraloría con rango constitucional y protegida más aun que el Banco de la Reserva”, sostuvo.

El candidato planteó que el contralor sea elegido por voto popular y que la institución reciba un presupuesto equivalente al 3% de la inversión pública, con el objetivo de fortalecer el control previo y evitar actos de corrupción antes de que se ejecuten las obras públicas.

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