El robo de celulares dejó de ser únicamente un delito contra el patrimonio. Los equipos sustraídos pueden ingresar a mercados ilegales, ser modificados para volver a operar y, en determinados casos, convertirse en herramientas para cometer otros delitos, entre ellos la extorsión.
Los datos del Instituto de Criminología, en informes presentados recientemente a AFIN, muestran la dimensión del problema: entre 2017 y 2024 se reportaron 14.2 millones de terminales móviles robados. Actualmente, uno de cada 10 peruanos es víctima del robo de un terminal móvil en la vía pública.
El informe sobre robo de celulares advierte, además, que el mercado de objetos robados ha crecido y que este fenómeno se asocia con otros delitos graves, como la extorsión.
Para Nicolás Zevallos Trigoso, fundador del Instituto de Criminología, la conexión se entiende cuando el teléfono deja de ser visto únicamente como un objeto sustraído.
“Más que una organización, es un sistema”, explica en entrevista con Gestión. En ese sistema participan distintos actores y niveles: algunos sustraen los equipos; otros pueden repararlos, reacondicionarlos o comercializarlos; y también existen actividades vinculadas al tráfico de datos e identidades.
Cuando el celular se convierte en una herramienta para extorsionar
La conexión con las telecomunicaciones aparece cuando el equipo, la línea o los mecanismos de comunicación pasan a formar parte de la actividad criminal.
Zevallos plantea un ejemplo: un celular robado puede ser utilizado posteriormente para contactar a una víctima y exigirle un depósito a través de Yape, Plin o cualquier billetera digital, o incluso inducirla a ingresar a una cuenta bancaria para transferir dinero.
“Son formas o modalidades que se han registrado y que terminan siendo justamente muestras de que hay un ecosistema criminal mucho más complejo en torno a lo que antes era un robo puntual y ahora es una herramienta más delictiva”, señala.
El informe sobre extorsiones recoge, en paralelo, el crecimiento de las denuncias policiales. Entre 2018 y 2024 se registraron 56,580 denuncias por extorsión en comisarías de la PNP. El salto se concentra especialmente en los últimos años: fueron 2,939 casos en 2018, frente a 17,378 en 2024.
El documento también identifica entre las medidas pendientes una mayor regulación y monitoreo de los sistemas de comunicación, incluida la cooperación con las empresas operadoras para rastrear números, identificar patrones de comunicación y bloquear líneas, siempre respetando las reglas sobre secreto de las telecomunicaciones y protección de datos.
Asimismo, la identificación de puntos de call-centers ilegales, desarrollar un sistema efectivo de bloqueo de llamadas en el sistema penitenciario, la prohibición de llamadas y SMS sin números reales de origen, entre otros.
El robo de celulares puede ser el primer eslabón de una cadena que incluye la comercialización ilegal de equipos y su utilización para otros delitos. Foto: Composición Gestión- Gemini.
El problema no es solo el teléfono, sino el mercado que lo sostiene
El informe sobre robo de celulares plantea que la respuesta no puede limitarse al bloqueo del equipo.
Entre las medidas propuestas figuran el mapeo de mercados ilícitos, una plataforma pública de consulta de IMEI, controles policiales estratégicos y una regulación estricta de la compraventa de equipos usados, con verificación del IMEI y de la identidad de compradores y vendedores.
El documento también advierte que los objetivos planteados para algunas acciones de control no se han cumplido. Por ejemplo, las operaciones para intervenir mercados o lugares donde se comercializan objetos de dudosa procedencia tuvieron una meta de 500 intervenciones en 2022, pero se realizaron 23; en 2023, frente a una meta de 518, se registraron siete.
Para Zevallos, esto revela un problema más amplio de diseño y capacidad estatal.
“Estamos desplegando mecanismos, medidas que no comprenden el modelo de negocio”, sostiene. A su juicio, se han acumulado obligaciones de regulación, control y vigilancia sobre ciudadanos, empresas y Estado sin que necesariamente se consiga el objetivo de reducir el delito.
“Estamos pensando que lo normativo resuelve un problema de la realidad”, agrega, al advertir que una norma no garantiza por sí misma la capacidad de fiscalización necesaria para hacerla cumplir.
RENTESEG: qué funciona y qué sigue pendiente
Frente a este escenario, Osiptel precisa a este medio que el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG) fue creado en 2017 para contribuir a desincentivar el robo y la comercialización ilegal de equipos móviles.
El sistema es liderado por el Ministerio del Interior, mientras que Osiptel cumple actualmente el rol de administrador. Las empresas operadoras están interconectadas con RENTESEG y tienen la obligación de reportar los equipos robados y ejecutar los bloqueos correspondientes.
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Dicho sistema intercambia información diariamente. Cuando se reporta el robo de un celular, el bloqueo se realiza en línea y se comparte automáticamente con todas las operadoras, de modo que el equipo no pueda conectarse a la red móvil.
Señala que, desde la creación de RENTESEG, los reportes de robo de celulares se redujeron 40.85%: pasaron de un promedio diario de 6,456 equipos robados a 3,819 en agosto de 2026.
El organismo también reporta otros resultados:
- Más de 15 millones de IMEI inválidos detectados y bloqueados.
- Cerca de 1.5 millones de IMEI clonados bloqueados.
- Alrededor de 5 millones de IMEI bloqueados por no estar registrados en la Lista Blanca y presentar historial de reflasheo.
- Más de 1.6 millones de consultas realizadas por las autoridades a través del Módulo de Consulta Especializado desde junio de 2024 hasta agosto de 2026.
Este módulo permite al Mininter, PNP, Ministerio Público y Poder Judicial consultar en línea información relacionada con servicios móviles y equipos que operan a nivel nacional, como apoyo a sus investigaciones.
Osiptel precisa un límite de sus funciones: no tiene competencia para investigar delitos ni puede suspender directamente una línea o bloquear un equipo por iniciativa propia. Atiende las solicitudes de baja o suspensión de servicios móviles y bloqueo de equipos que realizan las autoridades competentes.
Asimismo, desde 2020 hasta 2026 se han impuesto multas por más de S/60 millones por incumplimientos del marco normativo de RENTESEG, entre ellos la falta de bloqueo de equipos móviles.
La tecnología ya existe, pero el reto es cómo utilizarla
Para Zevallos, la discusión no debería centrarse en culpar a la tecnología. Los delincuentes, sostiene, buscan herramientas accesibles y que funcionen para sus objetivos.
“No se puede culpar a la herramienta tecnológica”, afirma. El problema, desde su perspectiva, está en entender cómo los actores criminales incorporan esas herramientas a sus actividades y qué respuesta resulta realmente efectiva.
En esa línea, Osiptel señala que el Módulo de Consulta Especializado ya concentra información útil para las investigaciones y que puede ser revisado y optimizado de acuerdo con las necesidades de las autoridades competentes. El organismo también viene trabajando, a partir de modificaciones al marco vigente, en mejoras para que las autoridades puedan ordenar mediante este módulo la suspensión o baja de líneas y el bloqueo de IMEI en casos vinculados con delitos.
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Así, el vínculo entre robo de celulares y extorsión no pasa únicamente por el aparato físico. También involucra las líneas, los datos, las redes de comunicación y los mercados que permiten que un equipo robado vuelva a circular.
Para Zevallos, el punto de partida debería ser otro: “comenzar a entender mejor el modelo de negocio”. Sin esa mirada, advierte, existe el riesgo de continuar acumulando mecanismos que incrementan las cargas de regulación y control sin resolver las condiciones que permiten que estos delitos sigan funcionando.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.
