El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), y Trujillo Varones (La Libertad), como parte de las acciones adoptadas para reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y alcanza el perímetro exterior de los cinco penales, hasta un radio de 200 metros.
Durante este periodo, se suspenderán en esta zona los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
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¿Qué medidas tomará la PNP y las FF.AA.?
Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno en el perímetro exterior de los establecimientos penitenciarios, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Entre las acciones previstas se encuentra el reforzamiento de la seguridad alrededor de las cárceles, así como el control del espacio aéreo y del espectro electromagnético inmediato.
También se establecerán controles estrictos en los accesos y se desarrollarán labores de inteligencia orientadas a prevenir posibles fugas.
La norma contempla, además, operativos permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El INPE, por su parte, continuará a cargo de la administración y custodia interna de los establecimientos penitenciarios.
Medida apunta a organizaciones criminales
El Ejecutivo sostiene que la intervención busca enfrentar a las organizaciones criminales que continúan dirigiendo actividades delictivas desde el interior de los penales hacia el exterior.
Según el Gobierno, los cinco establecimientos penitenciarios incluidos en la declaratoria concentran cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales.
La decisión se produce mientras el Ejecutivo espera la aprobación de la solicitud de facultades legislativas presentada al Congreso para adoptar nuevas medidas frente a la inseguridad.
“Independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad. Estamos seguros de que con las facultades actuaremos con más fuerza”, indicó Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros.
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¿Qué derechos se mantienen?
Aunque la declaratoria permite restringir determinados derechos en el perímetro establecido, el decreto supremo precisa que durante el estado de emergencia deberán respetarse los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Reunión con el nuevo jefe del INPE
La decisión fue precedida por una reunión entre la presidenta, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez; y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano.
El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno y tuvo como objetivo coordinar las acciones inmediatas para fortalecer el sistema penitenciario y establecer las directrices de la nueva gestión del INPE.
La decisión ocurre tras una reunión de la presidenta Keiko Fujimori con integrantes de su gabinete y el nuevo jefe del INPE. Foto: Presidencia
