La continuidad del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, genera posiciones encontradas en el Congreso, en momentos en que distintas bancadas cuestionan la respuesta del Estado frente al avance de la inseguridad ciudadana.
Incluso dentro de Renovación Popular (RP) existen posturas distintas. Mientras la posición oficial de la bancada de diputados es exigir la salida de Arriola, el legislador Alfonso Baella sostiene que removerlo en este momento podría generar una crisis dentro de la institución policial y afectar su operatividad.
Baella señaló que, a su entender, cualquier decisión respecto al comando de la PNP debe analizarse con mayor profundidad debido a las consecuencias que tendría un cambio en la estructura de mando.
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“Dadas las circunstancias que están ocurriendo de inseguridad ciudadana, sacar a un comandante general o un ministro en estas alturas, para mí, resulta un poco difícil. Estamos en emergencia”, sostuvo.
El diputado explicó que la salida del comandante general implicaría una modificación en la estructura de mando de la Policía. Añadió que, de acuerdo con la legislación vigente, Arriola tiene un periodo de dos años en el cargo y recién cumpliría un año en octubre.
En esa línea, consideró que si Fuerza Popular plantea modificar las reglas para permitir su salida, debería presentar una iniciativa legislativa.
La posición oficial de Renovación Popular
Sin embargo, la bancada de diputados de Renovación Popular emitió el domingo 30 de agosto un comunicado en el que adoptó una posición contraria a la expresada por Baella.
Tras condenar el ataque armado ocurrido en Trujillo, que dejó cuatro personas muertas y culminó con el secuestro de un ciudadano, la bancada sostuvo que la falta de resultados de la PNP hace necesario un cambio en su conducción.
“Ante la falta de resultados, la Policía Nacional necesita un cambio en su conducción”, señaló RP.
Por ello, la bancada exigió “la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola”, además de acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El pronunciamiento fue suscrito por la Bancada de Diputados de Renovación Popular y se suma a los pedidos de salida de Arriola formulados desde otras agrupaciones políticas.
Comunicado de la Bancada de diputados de Renovación Popular. Foto: X.
Yarrow: “Arriola debería estar fuera hace rato”
La posición de la diputada Norma Yarrow también es crítica. La legisladora de Renovación Popular afirmó que dentro de una bancada pueden existir diferentes opiniones y confirmó que ya cuentan con las firmas para presentar un proyecto de ley que permita modificar las condiciones de permanencia del comandante general.
“Creo personalmente que el señor Arriola es una persona que debería estar fuera hace rato”, afirmó.
Yarrow cuestionó la actuación de Arriola durante el anterior periodo parlamentario y señaló que su posición responde también a los hechos de violencia que afectan a la ciudadanía.
“No hay nada que entender, cuando te matan a un familiar, hijo, a una persona de un comedor popular, que te dejan cuatro huérfanos. ¿Debemos explicar eso? La vida no se explica”, manifestó.
La legisladora remarcó que las diferencias internas no significan una ruptura de la bancada. “No son discrepancias, otros están de acuerdo, otros no. Acá estamos unidos, pero cada uno tiene su posición”, sostuvo.
Rospigliosi defiende continuidad
Desde Fuerza Popular, el senador Fernando Rospigliosi también se pronunció a favor de la permanencia de Arriola al frente de la PNP.
El presidente de la Comisión de Inteligencia sostuvo que debe preservarse la institucionalidad y la continuidad en los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía, en referencia a la norma que establece un periodo de dos años.
“Yo creo que hay que mantener la institucionalidad y la continuidad. Hay una ley que dice que los oficiales que están al frente de las Fuerzas Armadas y de la Policía permanecen dos años”, señaló.
Para Rospigliosi, respetar ese marco legal resulta necesario para evitar un mayor debilitamiento de las fuerzas del orden en medio de la crisis de inseguridad.
Ahora Nación también pide su salida
A las voces que cuestionan la continuidad de Arriola se sumó Ahora Nación.
La bancada y el Comité Político Ejecutivo de la agrupación exigieron su renuncia inmediata, al considerar que su permanencia en el cargo “ya no es sostenible” frente a la situación de inseguridad que atraviesa el país.
El pedido fue formulado tras los recientes hechos de violencia registrados en el país, entre ellos el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un ciudadano en Trujillo.
“Exigimos, en tal sentido, la renuncia del comandante general Óscar Arriola”, señaló la agrupación en un comunicado.
Comunicado de Ahora Nación. Foto: X.
Juntos por el Perú plantea una salida legal
La iniciativa propone incorporar como causal la “pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad”. Esta podría configurarse ante una grave afectación de la eficacia operativa o capacidad de respuesta de la institución; el incumplimiento grave y reiterado de las políticas de seguridad ciudadana; negligencia grave en el ejercicio del cargo; o actos u omisiones que afecten de manera grave la institucionalidad, disciplina, integridad o legitimidad de la Policía.
El proyecto busca abrir una vía legal para que la presidenta Keiko Fujimori pueda evaluar la remoción de Arriola.
La propuesta se presenta semanas después de que el ministro del Interior, César Astudillo, reconociera ante la Cámara de Diputados que el Gobierno no tiene margen legal para relevar al comandante general antes de que cumpla los dos años establecidos por ley.
“Acá se procede con estricta sujeción al marco legal vigente. El Congreso saliente aprobó una ley que impide la remoción de un comandante general. Tiene que estar dos años. Yo no firmaré un documento que vaya contra la ley”, afirmó entonces el titular del Mininter.
Ejecutivo: todos están en evaluación
Desde el Ejecutivo, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, evitó confirmar la permanencia de Arriola, aunque reconoció que existe un marco legal que establece su permanencia por dos años.
“Eso es real y legal, nosotros tratamos de ser muy institucionalistas, pero dentro de la institucionalidad, todos somos evaluados”, señaló.
Vinelli remarcó que la evaluación alcanza a todos los integrantes del Gobierno, desde los ministros hasta funcionarios de otros niveles, y que la decisión corresponderá al titular del sector respectivo.
“Todos estamos en evaluación, desde ministros hasta funcionarios del último rango. Estamos en esa constante evaluación de acuerdo a las acciones y decisiones que vamos tomando”, sostuvo.
