El Gobierno de Keiko Fujimori prepara un proyecto de ley para solicitar al Congreso facultades legislativas por 120 días, con el objetivo de aprobar medidas en diversas materias, entre ellas seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, promoción de la formalización y el empleo, simplificación administrativa, modernización del Estado y cambios tributarios y aduaneros.
Dentro de este pedido de delegación de facultades, uno de los principales ejes está referido a seguridad ciudadana, fortalecimiento del sistema penitenciario y reinserción social. El Ejecutivo plantea modificaciones en materia policial, penal, procesal penal y de ejecución penal para reforzar la prevención, investigación y sanción de la delincuencia común y la criminalidad organizada.
El proyecto de ley, que será presentado por el Poder Ejecutivo, fue uno de los temas revisados en la primera sesión del Consejo de Ministros encabezado por el premier Luis Galarreta. Según informó el Gobierno, la iniciativa será aprobada en la próxima sesión del gabinete ministerial antes de ser enviada al Parlamento.
Dentro del pedido de facultades, el punto 2.1 establece que el Ejecutivo busca legislar para fortalecer la prevención, investigación, persecución y sanción de la delincuencia común y la criminalidad organizada, mediante cambios en materia de seguridad ciudadana, policial, penal, procesal penal y de ejecución penal.
La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, lideró esta mañana la primera sesión del Consejo de Ministros. Foto: PCM.
La propuesta también plantea fortalecer el marco institucional del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social, con medidas orientadas a mejorar la administración, regulación, seguridad, supervisión y operación de los establecimientos penitenciarios, centros juveniles y otros servicios vinculados al tratamiento y reinserción de internos.
Participación de las Fuerzas Armadas en penales
Uno de los puntos incluidos en el pedido de facultades contempla regular la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo de establecimientos y servicios pertenecientes al sistema penitenciario.
Esta medida deberá aplicarse, según el documento, dentro del marco constitucional vigente y estará orientada a reforzar las capacidades de gestión y seguridad de los centros de internamiento.
Asimismo, el Ejecutivo plantea actualizar el marco normativo para promover la participación e inversión privada en infraestructura, administración, gestión y prestación de servicios vinculados al sistema penitenciario, incluyendo mecanismos como las asociaciones público-privadas.
Cambios en reinserción y condiciones penitenciarias
El proyecto también contempla modificaciones relacionadas con el tratamiento de los internos, incluyendo aspectos como trabajo, capacitación, remuneración, alimentación y procesos de reinserción social y post-egreso.
La iniciativa señala que estas medidas deberán garantizar el respeto de los derechos fundamentales y mejorar las condiciones de internamiento, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de resocialización.
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El pedido de facultades legislativas incluye, además, otras materias como promoción de las micro y pequeñas empresas, formalización laboral, simplificación administrativa, modernización del Estado y cambios tributarios y aduaneros.
De aprobarse la delegación de facultades, el Poder Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos durante los 120 días calendario previstos en la ley, dentro de las materias autorizadas por el Congreso.
