La Contraloría General de la República identificó presuntas responsabilidades penales y/o administrativas en 10 funcionarios y servidores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre ellos el exjefe de la entidad, Piero Corvetto, por una serie de irregularidades registradas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el pasado 12 de abril.
Según el Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, las observaciones alcanzan a funcionarios de distintas áreas de la ONPE y están vinculadas a contrataciones para el transporte de material electoral, la gestión de equipos informáticos y decisiones operativas que habrían terminado afectando el derecho al sufragio de 55,261 electores de Lima Metropolitana.
Presunto favorecimiento en contratación de transporte
La Contraloría advirtió que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y de la Gerencia de Gestión Electoral impulsaron la contratación del servicio nacional de transporte de carga para el despliegue y repliegue de material electoral con términos de referencia que no reflejaban la cantidad real de vehículos requeridos.
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El informe señala que durante la evaluación de ofertas se aplicó un criterio no previsto en las bases, consistente en reducir en dos metros la longitud de los vehículos presentados por uno de los postores. Ello derivó en una menor puntuación para dicha propuesta y permitió adjudicar la buena pro por S/ 6.37 millones a una oferta superior en S/ 168,148.
Asimismo, la Contraloría identificó inconsistencias en la evaluación de seis vehículos del postor ganador, a los que se habría asignado una capacidad de carga que no correspondía. Como consecuencia, se otorgó una calificación que favoreció una propuesta económica superior en S/ 469,404 frente a la que debió resultar adjudicada.
El órgano de control también remarcó que la empresa ganadora ejecutó el servicio principalmente mediante unidades de terceros: 437 vehículos (92% del total), mientras que solo 40 eran propios.
Además, se cuestionó que los responsables de Producción Electoral y Gestión Electoral no actualizaran el requerimiento pese a conocer que se necesitaban hasta 400 vehículos para cubrir el despliegue en Lima Metropolitana y Callao.
Retrasos operativos y afectación al sufragio
La Contraloría también identificó irregularidades en el manejo de equipos informáticos electorales. El informe señala que funcionarios de áreas tecnológicas y operativas autorizaron el traslado de equipos usados en una jornada de capacitación realizada el 5 de abril para destinarlos como contingencia al proceso electoral, sin garantizar su reposición ni cubrir la demanda requerida.
De acuerdo con el documento, ello se realizó sin efectuar las gestiones necesarias para cubrir la demanda de equipos y sin realizar ninguna observación, viabilizando el repliegue y entrega inoportuna de dichos equipos, a pesar de tener conocimiento de la afectación al cronograma del Plan Operativo Electoral (POE).
Entre los involucrados figura el entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien aparece comprendido en la denominada “Irregularidad N.° 2”, junto con otros funcionarios y servidores señalados por presuntas responsabilidades.
La observación hace referencia a que funcionarios “solicitaron y permitieron el traslado de equipos informáticos electorales para capacitación sin asegurar su devolución en el plazo programado”, además de reprogramar rutas de distribución menos de 24 horas antes de la jornada electoral.
El informe añade que el 11 de abril, a las 16:28 horas —menos de un día antes de los comicios— se modificaron 43 rutas de distribución que comprendían 553 locales de votación, 8,261 mesas de sufragio y más de 2.45 millones de electores.
No obstante, las nuevas programaciones contemplaban tiempos de entrega de entre tres horas y media y cuatro horas, pese a que, según la Contraloría, se requerían al menos ocho horas para cumplir adecuadamente el despliegue.
Estas decisiones derivaron, según el órgano de control, que se distribuya inoportunamente el material y equipos informáticos electorales a 3605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no fueron instaladas el día de la votación en Lima Metropolitano y se afectó el derecho de sufragio de 55 261 electores y la finalidad pública de las contrataciones de laptops, impresoras y del servicio de transporte para su despliegue.
El informe vincula las irregularidades con retrasos en la distribución de material electoral que afectaron el derecho al voto de 55,261 electores en Lima Metropolitana. Foto: Contraloría.
Adicionales por más de S/ 650 mil bajo observación
Otro de los hallazgos se relaciona con prestaciones adicionales aprobadas entre el 7 y el 9 de abril por S/ 650,205.94, derivadas del contrato principal de transporte.
La Contraloría sostiene que funcionarios de Producción Electoral, Gestión Electoral, Logística, Asesoría Jurídica y Administración aprobaron dichos adicionales “sin el sustento técnico y legal que justifique que resultaban indispensables y necesarios para alcanzar la finalidad pública del contrato”.
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Recomendaciones
La Contraloría recomendó al titular de la ONPE iniciar las acciones para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes de los funcionarios y servidores involucrados en el informe.
Asimismo, planteó que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios evalúe el inicio de acciones penales y que los hallazgos sean remitidos a la Junta Nacional de Justicia para las medidas que correspondan.
