
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se pronunció sobre la aprobación en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del dictamen del Proyecto de Ley n.° 12544/2025-PJ, que regula el recurso de casación en los procesos contencioso administrativos, y destacó su impacto para mejorar el sistema judicial.
La iniciativa, elaborada por la Sala Plena de la Corte Suprema, establece la improcedencia del recurso de casación cuando las resoluciones de segunda instancia confirmen las de primera, salvo que la Corte Suprema considere relevante intervenir para modificar o fijar un precedente.
Asimismo, se dispone que el recurso proceda en casos de pretensiones no cuantificables, y en aquellos cuantificables solo cuando el monto del acto impugnado supere las 500 Unidades de Referencia Procesal (URP).
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Tras la aprobación del dictamen en la comisión parlamentaria, Tello Gilardi expresó su expectativa de que el tema sea incorporado a la agenda del Pleno del Congreso en el corto plazo para su debate y eventual aprobación.
Proyecto impulsado por la Corte Suprema
La propuesta plantea modificar la Ley 27584, que regula el proceso contencioso administrativo, en lo referido a la procedencia del recurso de casación.
Según el Poder Judicial, la nueva regla evitará el empleo abusivo del recurso de casación, como mecanismo para dilatar el cumplimiento de las sentencias confirmatorias, así como reducirá considerablemente la carga procesal de la Corte Suprema.

En ese sentido, la reforma busca aliviar la sobrecarga de expedientes, que ha incidido en retrasos en la resolución de casos, decisiones fuera de plazos razonables y un aumento sostenido de recursos ante la máxima instancia judicial.
La iniciativa también incorpora filtros más estrictos para admitir la casación, especialmente cuando las resoluciones de segunda instancia ratifican lo decidido en primera.
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Votación en comisión
El dictamen fue aprobado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con 12 votos a favor, una abstención y un voto en contra, en el grupo de trabajo presidido por el congresista Flavio Cruz Mamani.
De concretarse su aprobación en el Pleno, la reforma contribuiría a optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema y permitiría que los procesos contencioso administrativos se resuelvan en plazos más razonables, reduciendo los efectos dilatorios asociados al uso indebido del recurso de casación.








