
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó solicitar al Pleno que le otorgue facultades de comisión investigadora para indagar las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí con ciudadanos de origen chino, en el denominado caso “Chifagate”.
El informe de indagaciones preliminares fue sustentado por el presidente del grupo de trabajo, Elvis Vergara, quien señaló que existen “indicios suficientes” para determinar si dichos encuentros estuvieron orientados a favorecer a determinados grupos económicos o intereses particulares.
Reuniones bajo la lupa
Según el documento, la comisión actuó en el marco de sus competencias constitucionales de control político, establecidas en el artículo 5 del Reglamento del Congreso, tras los reportajes periodísticos que dieron cuenta de reuniones no registradas oficialmente entre el mandatario y empresarios chinos.
LEA TAMBIÉN: José Jerí afirma que la vacancia es el “procedimiento” que corresponde en su caso
Entre los hechos materia de indagación figuran una reunión realizada el 26 de diciembre de 2025 en la cuadra 19 de San Luis, en San Borja; una visita el 6 de enero de 2026 al Market Capón, en el Cercado de Lima; el registro de visitas de ciudadanos chinos a Palacio de Gobierno durante los primeros meses del mandato; así como presuntas versiones contradictorias entre el jefe de Estado y los empresarios involucrados.
La comisión advierte la existencia de “indicios razonables sobre la vulneración sistemática del principio de transparencia”, al identificar que las reuniones del 26 de diciembre de 2025 y del 6 de enero de 2026 no figuran en el registro de visitas de Palacio de Gobierno.
Posibles implicancias legales
El informe señala la presunta existencia de una red dedicada a obtener favorecimiento económico por parte del Estado a favor de ciudadanos de origen chino. Asimismo, menciona que la correlación temporal entre la asistencia del presidente al Market Capón y la misiva de resolución 0010-2026 de Indecopi genera sospechas de un presunto tráfico de influencias.
En esa línea, se advierte la posible afectación a la Ley 28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública; a la Ley 27815; y al Reglamento sobre registro de agendas y visitas oficiales. Incluso, se menciona la eventual comisión de presuntos delitos contra la administración pública en las modalidades de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho, entre otros.
Además, la comisión ha identificado contradicciones en las versiones ofrecidas por el presidente Jerí sobre la finalidad de las reuniones.

Pedido de facultades por 60 días
Debido a la existencia de indicios que podrían afectar el interés público, así como a una presunta renuencia y actos de obstrucción para el esclarecimiento de los hechos, el equipo técnico recomendó iniciar la fase de investigación en sede parlamentaria. Por ello, se aprobó el proyecto de moción de orden del día que solicita al Pleno otorgar facultades de comisión investigadora.
La parte resolutiva plantea que se conceda a la Comisión de Fiscalización dichas facultades por un plazo de 60 días calendario, prorrogables por única vez por 30 días adicionales, para investigar presuntos actos de corrupción e irregularidades vinculadas a las reuniones extraoficiales entre el presidente Jerí y ciudadanos chinos.
Asimismo, se propone que, en el ejercicio de estas atribuciones, la comisión esté autorizada a formular pedidos de levantamiento del secreto de las comunicaciones, allanamiento de locales, impedimento de salida del país e incautación de documentos relevantes, así como requerir el auxilio de la fuerza pública, en estricto apego a la normativa constitucional vigente.
El informe fue aprobado por mayoría, con 8 votos a favor y 2 en contra.
LEA TAMBIÉN: Si el Congreso destituye a José Jerí, ¿quién asumiría la Presidencia?
Citaciones aprobadas
En la misma sesión, la comisión también aprobó citar a la ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, para que informe sobre el centro de acogida residencial Hogar Refugio la Casa del Padre y el cumplimiento de las condiciones establecidas. La citación fue respaldada con 9 votos a favor y 1 en contra. Asimismo, se acordó citar al ministro de Transportes, Aldo Prieto, para que informe sobre la carretera Checca-Mazocruz (Puno), la resolución del contrato de la nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa, decisión que fue aprobada con 8 votos a favor y 2 en contra.








