El crimen organizado ha logrado penetrar el sector construcción en el Perú y operar con estructuras cada vez más sofisticadas, advirtió Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Según señaló, las mafias no solo extorsionan obras, sino que también trafican terrenos, levantan edificaciones informales y lavan dinero mediante actividades que aparentan legalidad.
Valdivia explicó que la problemática no es reciente. “El sector sufre extorsiones desde hace más de dos décadas”, sostuvo, al tiempo que indicó que estas organizaciones han evolucionado hacia esquemas multidelictivos con una logística que, en muchos casos, supera la capacidad de respuesta de las autoridades.
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De acuerdo con estimaciones del gremio, los delitos vinculados a la construcción generan pérdidas equivalentes al 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del sector, lo que podría superar los S/ 1,000 millones anuales. Además, alertó que estas redes han logrado infiltrarse en gobiernos locales y en sindicatos para asegurar control territorial y continuidad de sus operaciones.
Uno de los focos de preocupación son los denominados “falsos sindicatos”. Valdivia detalló que existen más de 1,300 organizaciones sindicales que no son reconocidas por la principal federación del sector y que, según Capeco, funcionan como fachada para actividades ilícitas.
El sector construcción cae 2.9% en abril, pese a crecimiento trimestral, reportó Capeco. (Fuente: Andina)
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Estas agrupaciones, afirmó, dominan determinadas zonas, imponen cupos y condicionan el desarrollo de proyectos. A ello se suma el tráfico de tierras, fenómeno que, según estudios citados por el gremio, explica el 93% de la expansión urbana registrada en los últimos 20 años, la cual no respondió a procesos formales de planificación.
Las bandas, indicó, no solo comercializan lotes de manera irregular, sino que también ofrecen financiamiento informal, venden materiales de construcción y posteriormente buscan “blanquear” esos ingresos integrándolos a actividades formales.
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Ante este escenario, Capeco planteó como estrategia central triplicar la construcción formal de viviendas, con el objetivo de reducir la presión de la informalidad y generar empleo bajo condiciones legales.
El gremio propuso que los recursos estatales destinados al sector vivienda —que actualmente ascienden a S/ 1,500 millones— se incrementen hasta S/ 5,000 millones anuales. La intención es ampliar la oferta formal y restar espacio a las organizaciones que operan al margen de la ley.
En esa línea, Valdivia se refirió al caso del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) en Piura, donde se detectó la adquisición de viviendas inhabitables. Señaló que este tipo de fondos no debería involucrarse directamente en la construcción, sino concentrarse en financiar la compra de viviendas en proyectos ya desarrollados, a fin de minimizar riesgos de mala ejecución y posibles irregularidades.
