El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, rechazó cualquier tipo de injerencia política o direccionamiento en el proceso de licitación para la adquisición de 8,000 cámaras de videovigilancia destinadas al transporte público, cuyo monto asciende a S/ 112 millones, según información publicada por el semanario Hildebrandt en sus Trece.
La publicación indica que, el 26 de diciembre, el presidente José Jeri se reunió con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de propiedad de este último, y que parte de la conversación podría haber estado vinculada al mencionado contrato, el más grande de la actual gestión.
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Consultado sobre un eventual interés del empresario en el proceso, Hernández sostuvo que no existe ninguna participación formal ni consultas vinculadas a empresas relacionadas con Yang. “Todo el proceso es público y está publicado en la página web. No hay ninguna empresa relacionada con el señor que haya preguntado o postulado. Es un proceso que se mantiene en curso y no hay ninguna adjudicación”, afirmó en Cuentas Claras, de Canal N.
El titular de la ATU aseguró además que no conoce al empresario chino ni se ha reunido con él o con algún emisario. “Nosotros tenemos los procesos institucionales debidamente transparentados. Incluso las visitas institucionales se registran. Queremos deslindar tajantemente con estas especulaciones”, señaló.
Respecto a la versión de que desde Palacio de Gobierno se habrían ejercido presiones para acelerar la compra, Hernández enfatizó que la ATU es un organismo autónomo. “Tiene un consejo directivo, un gerente general, un contador, un administrador. A nosotros nadie nos ha presionado por este proceso”, indicó.
Uno de los puntos cuestionados en la publicación es la modificación de los términos del contrato, específicamente la ampliación del plazo de entrega de las cámaras de 30 a 60 días, formalizada el 31 de diciembre, pocos días después de la reunión entre Jeri y Yang. Sobre ello, Hernández explicó que los cambios en las bases son habituales en procesos de este tipo y responden a las consultas de los postores. “Se han hecho modificaciones antes y seguramente se harán más durante el proceso”, precisó.
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Según el funcionario, la ampliación del plazo busca facilitar la participación de más proveedores. “Habría que ver justamente quiénes son los que tienen las condiciones para poder traer unas 8,000 cámaras. El proceso se establece gradual y lo que se busca es la máxima participación de múltiples postores”, sostuvo.
Hernández reconoció que empresas chinas han realizado consultas sobre el proceso, aunque aclaró que, hasta el momento, ninguna figura como postora. Asimismo, afirmó que ninguna de las empresas mencionadas en las investigaciones periodísticas, ni aquellas vinculadas al empresario que se reunió con el presidente, ha presentado consultas o participa en la licitación. “De la lista que está disponible en la página web, ninguna coincide con las empresas referidas en las investigaciones que ha presentado la prensa o que han sido denunciadas de esa manera”, indicó.
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Sobre su relación con el presidente José Jeri, el titular de la ATU negó haberlo conocido previamente, ni en su etapa como congresista ni como jefe de Estado. También rechazó las declaraciones del exministro de Transportes César Sandoval, quien afirmó que Jeri habría intervenido para evitar su salida de la ATU en 2025.
“No se ha entregado ningún contrato en este momento, es un proceso en curso. Estamos hablando de especulaciones”, remarcó Hernández, al insistir en que toda la información vinculada a la licitación se encuentra disponible para revisión pública.
Comunicado de la ATU
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) rechazó de manera enfática las versiones que la vinculan con supuestos favorecimientos en la licitación para la adquisición de un sistema de videovigilancia que se instalará en 8,000 buses del transporte público de Lima y Callao. La entidad destacó que el proceso sigue en curso y se desarrolla conforme a criterios técnicos, de manera pública y transparente, siguiendo la normativa vigente.
Según la ATU, la implementación de este sistema responde a la necesidad urgente de reforzar la seguridad de conductores y usuarios, y en ningún momento se ha otorgado Buena Pro ni se ha adjudicado la contratación a algún postor. Asimismo, hasta la fecha no se han recibido consultas ni observaciones de empresas interesadas en participar en el proceso.
La entidad reafirmó su compromiso con la integridad y la transparencia en todos sus niveles. Además, reiteró su disposición a colaborar con los órganos de control correspondientes para garantizar la correcta ejecución de la licitación en beneficio de la ciudadanía.
Comunicado de la ATU.
