El próximo domingo 12 de abril los peruanos acudiremos a las urnas para la primera vuelta de las elecciones. En días recientes, hemos escuchado las promesas de los candidatos presidenciales en los seis debates que fueron organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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En general hemos escuchado una larga lista de promesas que incrementarían el gasto público: incrementos salariales, pago de la deuda social de los maestros, aumento de recursos para sectores sociales, entrega de bonos a la población, shocks de infraestructura.
Las estimaciones de la SUNAT del incumplimiento tributario hacen perder recaudación por un monto equivalente a 9.3% del PBI.
En cambio, han sido muy raras propuestas relacionadas con el financiamiento, es decir, de dónde se obtendrán los recursos para financiar todas las promesas de incremento de gasto público.
Junto con ello, ninguno de los candidatos que aspiran a la presidencia y ninguno de los planes de gobierno ha presentado un análisis del estado en que el próximo Gobierno recibirá las finanzas públicas del país. Este es un tema que normalmente se deja para ser evaluado por las comisiones de transferencia una vez que tenemos presidente electo.
Es importante que los ciudadanos que vamos a votar recordemos o conozcamos que existe un espacio fiscal muy limitado para incrementar el gasto público si es que no se realizan reformas necesarias en el campo fiscal que permitan incrementar los ingresos o reestructurar los gastos.
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El año pasado ingresos del gobierno fueron 231 mil millones y sus gastos llegaron a 261mil millones; dado que el resultado conjunto de las empresas estatales fue positivo en 4 mil millones, tuvimos un déficit fiscal de 26 mil millones de soles. Este monto fue equivalente a 2.2% del PBI, el techo que establecía la regla fiscal. Tenemos déficit fiscal pese a que los precios de los minerales están en niveles históricamente altos, cosa que no ocurrió en el boom anterior de precios de minerales.
Este año el techo para el déficit fiscal es menor, equivale a 1.8% del PBI y será mucho más difícil alcanzarlo por varias razones.
En primer lugar, en los dos primeros meses del año la recaudación está creciendo 5% en cifras nominales, pero los gastos han crecido 5.6% y los intereses de la deuda 8.5%. Lo que más está creciendo son los gastos corrientes, que son rígidos. Lo han hecho en 14%, mientras que los gastos de capital han caído 18%. Esto revela dificultades para reducir el déficit fiscal: a febrero el déficit anualizado se ha reducido a 2.1% del PBI, una reducción poco significativa. Si este nivel se mantiene el próximo Gobierno que asumirá las riendas el 28 de julio tendrá muy poco espacio para incrementar los gastos.
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En segundo lugar, el actual Congreso está aprobando leyes que van a generar un mayor gasto en el futuro. Entre estas se encuentran: 1) La igualación de las pensiones del personal militar y policial con los mismos niveles de las remuneraciones del personal activo, lo que se conoce como el régimen de “cédula viva”, que tanto esfuerzo costó eliminar hace dos décadas; 2) El aumento de las pensiones para los maestros; y 3) El otorgamiento de beneficios laborales para el personal con Contratos de Administración de Servicios (CAS). Según el Consejo Fiscal estas y otras medidas tienen un costo fiscal anual permanente de 11 mil millones de soles, cerca de 1% del PBI. Cabe señalar que la Constitución prohíbe al Congreso aumentar el gasto público, pero lo está haciendo gracias a una “interpretación auténtica” del Tribunal Constitucional cuyos magistrados han sido elegidos por el Congreso.
En tercer lugar, existen presiones de gasto público asociadas a gastos de defensa que sumarían unos US$ 3,000 millones en el próximo quinquenio (alrededor de 0.2% del PBI por año). Estos gastos se refieren a la compra de aviones caza y a la construcción de la nueva base naval del Callao.
Finalmente, están las presiones de gasto asociadas a los sucesivos salvatajes a la empresa Petroperú, la que no cuenta con los recursos suficientes para honrar el pago de la deuda que adquirió para construir la nueva refinería de Talara.
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Este diagnóstico configura claramente un déficit fiscal creciente para este y los próximos años lo que como he señalado no deja espacio para que la nueva administración pueda cumplir nuevas promesas de gasto público, a menos que pueda realizar reformas profundas en el campo fiscal.
Cuatro son las reformas posibles en el campo fiscal:
- La primera reforma se refiere a la racionalización de exoneraciones tributarias, que le cuestan al fisco 26 mil millones de soles (2.2% del PBI). Varias de estas exoneraciones han sido aprobadas o renovadas por el actual régimen: reducción del impuesto a la renta a las agroexportadoras, reducción del IGV a restaurantes y hoteles, creación de zonas económicas especiales y creación de zonas turísticas (estas últimas con tasa 0% para el impuesto a la renta).
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- La segunda reforma se refiere a un combate frontal al incumplimiento tributario (evasión y elusión). Las estimaciones de la SUNAT del incumplimiento tributario alcanzan el 34.4% de su recaudación potencial en el caso del IVA y de 53.6% de su recaudación potencial en el caso del impuesto a la renta de tercera categoría (utilidades) lo que hace perder recaudación por un monto equivalente a 9.3% del PBI.
- La tercera reforma se refiere a la eliminación de la corrupción en las compras públicas. La Contraloría General de la República estimó que en el 2023 la corrupción e inconducta funcional ocasionaron una pérdida de 24 mil millones de soles (2% del PBI).
- Finalmente, es posible recortar gastos improductivos por aproximadamente 1% del PBI.
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Si el próximo Gobierno tiene la valentía de proponer estas reformas y el Congreso se las aprueba podrá cumplir varias de sus promesas electorales, de lo contrario quedarán guardadas en un cajón hasta el próximo quinquenio.
(*): El autor es militante y vocero económico del Partido Morado.
Luis Alberto Arias M. es economista.
