El Perú es, sin lugar a duda, un país minero. La riqueza de su subsuelo ha sido, históricamente, uno de los principales motores de crecimiento económico, generación de divisas y reducción de la pobreza, especialmente en departamentos alejados de los principales centros urbanos. Sin embargo, persiste una paradoja difícil de ignorar: las zonas donde se desarrolla la actividad minera no siempre reflejan mejoras sustantivas en la calidad de vida de su población.
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El problema no radica en la falta de recursos. La minería aporta miles de millones de soles al año en canon, regalías e impuestos. El verdadero desafío está en la capacidad del Estado para transformar estos recursos en bienes y servicios públicos efectivos.
González Rocha fue un líder comprometido con el desarrollo de la minería moderna, promotor de grandes proyectos y firme convencido del potencial del Perú como destino de inversión.
En este contexto, resulta clave incorporar herramientas que permitan medir adecuadamente el impacto de la actividad minera en la población. El Índice de Progreso Social (IPS) ofrece una aproximación valiosa, al evaluar dimensiones como salud, educación, acceso a servicios básicos y oportunidades. Diversos estudios muestran que, si bien los departamentos mineros suelen registrar mayores niveles de ingresos fiscales, ello no siempre se traduce en mejoras proporcionales en estos indicadores. Esta brecha evidencia que el problema no es económico, sino de gestión pública.
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Cerrar esta brecha exige un cambio de enfoque. Se debe concentrar esfuerzos en proyectos mineros estratégicos, mediante equipos multisectoriales con capacidad operativa y respaldo político. A ello debe sumarse la creación de mecanismos como fideicomisos que aseguren el uso eficiente y transparente de los recursos, así como la evaluación de un fondo soberano que permita gestionar de manera responsable los ingresos extraordinarios.
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No obstante, este esfuerzo será insuficiente si no se aborda un problema estructural más amplio: la pérdida de competitividad del país. En los últimos años, el Perú ha retrocedido en indicadores clave relacionados con clima de inversión, calidad regulatoria e institucionalidad. La excesiva tramitología, la incertidumbre jurídica y la falta de predictibilidad han afectado el desarrollo de nuevos proyectos, incluyendo los mineros.
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La minería puede –y debe– ser un pilar del desarrollo nacional. Pero para ello se requiere un Estado que funcione, que ejecute, que articule y que genere confianza. Donde hay buena gestión pública, la minería contribuye significativamente al bienestar. Donde no la hay, se convierte en fuente de frustración y conflicto.
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Finalmente, no puedo dejar de referirme al reciente fallecimiento de don Óscar González Rocha, CEO de Southern Perú y miembro del Consejo Directivo de ComexPerú. Su partida representa una enorme pérdida para el sector minero y para el país. Fue un líder comprometido con el desarrollo de la minería moderna, promotor de grandes proyectos y firme convencido del potencial del Perú como destino de inversión. Su trayectoria deja una huella profunda en la industria y en quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar con él.
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Su legado nos recuerda que el desarrollo del país pasa, necesariamente, por una minería responsable, competitiva y articulada con el progreso de todos los peruanos.
Jaime Dupuy es director ejecutivo de ComexPerú.
