La agenda ya cambió. Hoy hablamos de la visita del papa, de los alcaldes que le sacan la vuelta a la ley para reelegirse, del nuevo jefe de la Sunat, de la Comisión de Ética, y el Consejo de Ministros todavía no le da luz verde a la solicitud de facultades legislativas.
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Tal vez eso sea lo que quiere el Gobierno: evitar más fugas de información desde el Consejo de Ministros (¿o de los Viceministros?), enfriar las cosas y tomar distancia de todos los trascendidos y las críticas adelantadas que abundaron la semana pasada y que fueron alimentadas por la filtración de las intenciones y los proyectos del Ejecutivo. De esta manera, también, se disimula de alguna forma el retroceso que pueda darse en algunos de los temas que pensaban apuntalarse.
Tal vez eso sea lo que quiere el Gobierno: evitar más fugas de información desde el Consejo de Ministros.
Sin embargo, cualquiera sea la causa o la intención, lo cierto es que pasan los días (del 28 de julio al domingo siguiente, del domingo al miércoles y del miércoles a no se sabe cuándo), los plazos se amplían y la promesa no se cumple ni los temas se tratan. Y se suponía que los asuntos de la lucha contra la delincuencia y del fenómeno de El Niño eran para ayer.
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Los temas más complicados, los que generaron una rápida andanada de críticas por parte de la oposición y sobre los que el Ejecutivo salió a hacer un control de daños, estaban directamente relacionados con el mundo laboral (medidas para flexibilizar la relación laboral, la posibilidad de despidos o invitaciones a la renuncia voluntaria, la eliminación de algunos días feriados, entre otros), temas que son los que más preocupan a una buena parte de la población.
En esos temas el Gobierno se ha autoimpuesto un candado al negar de plano que se vaya a impulsar cualquier medida en la dirección que apuntaba la oposición. Ahora bien, si esa dirección realmente era la que apuntaba el Ejecutivo, entonces va a tener que trabajar para eliminarlas o para darles otro enfoque, con otras acciones que no parezcan lo que en realidad eran.
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El tema de los feriados, que generó harto revuelo, no es, en verdad, un problema muy grande. Como ya han señalado muchos, el Perú es el país que tiene la mayor cantidad de feriados, pero la diferencia con muchos otros países tampoco es tanta. La mayoría tiene entre 10 y 14 feriados nacionales y, en algunos casos, a estos se suman feriados federales o estaduales.
El verdadero problema son los llamados “puentes”, esos que hacen que un feriado se convierta en media semana de inactividad en el sector público, con lo que, muchas veces, el esfuerzo del sector privado también queda paralizado. Un ejemplo claro ha sido lo vivido a fines de julio, cuando, justamente por esa “política” de los “puentes”, el país se paralizó casi por toda una semana. Y es a raíz de esos “puentes” que los dieciséis feriados se convierten en casi el doble de días no laborables, porque ya sabemos que eso de “compensable” termina siendo una mentira institucionalizada.
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Los feriados pueden seguir estando donde están, pero el día no laborable puede trasladarse al viernes o al lunes siguiente, de tal manera que eliminamos los “puentes” y el turismo no se perjudica, porque habría un fin de semana largo de todas maneras, pero no tan largo como el que nos imponen muchas veces. Así, los feriados y los días no laborables seguirían siendo 16 al año, y ya no el doble.
Si se quiere concretar una rápida aprobación de las facultades, lo mejor es actuar rápido y ligero. No se trata de sorprender al Congreso y “ganarle el vivo” enviando un paquetón de proyectos ni de buscar ponerlo contra las cuerdas con la excusa de la urgencia por El Niño. Más aún si es el mismo Ejecutivo el que ya tiene varios días de demora. Eso puede ser un búmeran.
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Quizás, buscando un rápido trámite en el Legislativo, el presidente del Senado ha tratado de ser generoso y complaciente con sus colegas, y los quiere seguir teniendo lejos del hemiciclo al señalar que no le importa si van o no al Congreso, con tal de que cumplan con su trabajo. Lo que en realidad significa esto es pretender seguir con la virtualidad, que ya sabemos que en realidad se traduce en: “Hagan lo que quieran, con tal de que, a la hora de la votación, digan “sí” desde donde estén”.
Ese mensaje es muy negativo, no solo porque a los congresistas se les pagan altos sueldos, muchas gollerías y harto personal para que cumplan con su tarea de “parlar” en el Congreso, discutir, intercambiar ideas y planteamientos, ponerse de acuerdo u oponerse, asistir a las comisiones, revisar y corregir los proyectos de ley, y sustentar sus opiniones en el hemiciclo; sino porque es un pésimo ejemplo, justamente para el sector público, al que se le quiere decir que debe trabajar más y tener menos feriados.
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¿Cómo se va a obligar a los trabajadores del Estado a trabajar más, a atender mejor a la población, a estar más cerca de las necesidades de la gente y a estar presentes, si el presidente del Senado les dice a senadores y diputados (que también son servidores públicos) que pueden hacer lo que quieran con su tiempo mientras participen y voten por Zoom, es decir, a distancia, tanto personal como mentalmente?
No tiene coherencia ni consistencia que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quiera un Estado presente, mientras el vicepresidente de la República y presidente del Senado promueva un Congreso ausente, con feriados y “puentes” permanentes.
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Y esto que no hemos hablado de las semanas de representación, que en realidad son vacaciones mensuales pagadas.
Enrique Castillo es periodista.
