En pocos días asumirá una nueva administración y lo hará contra el reloj. Los desafíos no llegan en fila, sino todos a la vez, y la situación fiscal no perdona la improvisación. Hay frentes que exigen atención inmediata: postergarlos no los desactiva, los agrava.
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El primero ya está anunciado y sobrevuela toda la economía: la creciente probabilidad del fenómeno de El Niño. No conocemos su magnitud, y ahí radica el peligro. Existen líneas de crédito contingentes, pero las necesidades podrían desbordar los fondos disponibles. Si así ocurre, tendremos que recurrir a nuevo endeudamiento, esta vez plenamente justificado. Y, sin embargo, incluso ese endeudamiento sería la factura tardía de una omisión: no haber reconstruido el espacio fiscal en los años posteriores al covid, cuando la irresponsabilidad del Congreso puso en riesgo nuestras finanzas públicas.
El primero ya está anunciado y sobrevuela toda la economía: la creciente probabilidad del fenómeno de El Niño. (Foto: Andina)
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En ese terreno hay una señal alentadora. El Tribunal Constitucional habría establecido que el Congreso carece de iniciativa de gasto, algo saludable. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué ocurrirá con las leyes ya aprobadas? ¿Serán derogadas? Aquí aparece el verdadero trade-off entre política y salud fiscal. Siempre habrá grupos presionando por beneficios estatales –el clientelismo político nunca descansa–, y la prueba para las nuevas autoridades será atender necesidades legítimas sin romper el equilibrio fiscal. Ceder tiene un nombre: costos de largo plazo que, tarde o temprano, pagamos todos.
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La tensión mayor, creo, será resistir los impulsos populistas heredados de las promesas de campaña en un contexto de fragilidad fiscal. El último crédito suplementario aprobado podría repetirse con fines ajenos al fenómeno de El Niño, y cada repetición tensa un poco más la cuerda.
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Pero el desafío fiscal no se libra solo con cifras: se libra con personas. El MEF debe recuperar buena parte del capital humano perdido en estos años. Muchos jóvenes profesionales se alejaron, ahuyentados por el vaivén de autoridades, y el fenómeno excede al ministerio: la fuga de talento ha sido masiva en todo el Estado. Un punto crítico son las remuneraciones de los perfiles altamente especializados. El sector público jamás competirá de igual a igual con el privado, pero sí puede acortar la brecha. Habrá quien objete que esto es más gasto; es una mirada miope, que solo ve el costo y nunca el beneficio: funcionarios mejor pagados, con metas claras y evaluación continua, rinden más. Ese mecanismo, bien diseñado, es enormemente poderoso.
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En la misma línea, fortalecer y reestructurar Servir debe ser prioridad, para que sea de una vez la genuina oficina de desarrollo del talento estatal. La lógica es simple pero implacable: si no cuidamos a quienes hacen funcionar el Estado, ningún incremento futuro de recursos llegará a la población. Seguiremos alimentando el descontento social y girando en una espiral que le hace daño al país.
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También urge revisar los sistemas administrativos del Estado, que hoy operan de forma fragmentada y generan ineficiencia. Articularlos para facilitarle la vida al funcionario de la unidad ejecutora –ese que da la cara ante la población– tendría un doble efecto: menos horas perdidas llenando formularios innecesarios y más tiempo dedicado a lo que de verdad importa. Y procesos más transparentes son, además, procesos con menos espacio para la corrupción.
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Porque la lucha contra la corrupción es la batalla decisiva. Reducirla significa liberar recursos para las necesidades de la gente: hacer más con lo mismo, algo crucial en las actuales circunstancias. Pero exige un esfuerzo conjunto, liderado desde el más alto nivel, con una señal inequívoca de que no habrá tolerancia. No podemos darnos el lujo de convivir con este flagelo: es una de las injusticias más profundas del país.
Los retos, en suma, son muchos, y el equipo que ingrese al MEF deberá escoger bien sus batallas y trazar con firmeza sus líneas rojas. El liderazgo puede recuperarse pronto si hay una bancada parlamentaria alineada y coordinación real entre Ejecutivo y Legislativo. La hoja de ruta debería apuntar a la productividad de los factores, con acciones sincronizadas que generen ganancias tempranas y construyan la tracción necesaria para reformas más audaces. Si eso se logra en el primer año, podremos mirar el futuro con cierto optimismo. El reto no es menor, pero tampoco lo es la oportunidad.
Carlos Casas Tragodara es economista del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
