Hay diagnósticos que envejecen mal porque se equivocaron. Y hay otros que envejecen todavía peor, porque tenían razón. En el 2013, el BCR publicó un estudio sobre uno de los grandes desafíos del país. En ese momento, el Perú enfrentaba una brecha de infraestructura de US$ 88,000 millones para el período 2012-2021. Carreteras, puertos, líneas de transmisión, agua, saneamiento, energía.
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Pero la cifra en sí no era lo más importante. Lo que de verdad importaba era la conclusión que se desprendía de ella. Una brecha de esa magnitud solo se cierra con financiamiento dispuesto a esperar décadas, no años.
Lo preocupante es cuando una disputa tarda más en resolverse que la propia construcción de la obra.
Y no era pura teoría. El vínculo entre el ahorro previsional y la infraestructura ya existía. Las AFP tenían S/ 10,812 millones invertidos en este tipo de activos, el 10.9% de los fondos administrados. Detrás de esos recursos había proyectos como IIRSA Norte, IIRSA Sur, Taboada y otras obras de energía y transporte que cubrían necesidades básicas de millones de peruanos.
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A partir del 2020 ese panorama empezó a cambiar. Ocho retiros extraordinarios sacaron más de S/ 139,200 millones del sistema previsional. Casi trece veces lo que las AFP tenían invertido en infraestructura cuando el BCR hizo aquel diagnóstico. Más allá de lo que cada uno piense sobre esas medidas, el efecto fue el que era de esperarse. Menos ahorro para inversiones de largo plazo y más presión de liquidez para atender los retiros.
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Las necesidades del país, mientras tanto, no pararon de crecer. Hoy distintas estimaciones ubican la brecha de infraestructura entre US$ 110,000 millones y US$ 150,000 millones.
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El problema, sin embargo, no pasa solo por conseguir más plata. Las AFP, las aseguradoras y otros inversionistas institucionales siguen buscando proyectos que puedan acompañar durante décadas. La pregunta real es otra, ¿qué tan predecible será ese proyecto dentro de veinte o treinta años?
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En infraestructura los conflictos son inevitables. Ningún proyecto de gran escala se libra de controversias. Lo preocupante es cuando una disputa tarda más en resolverse que la propia construcción de la obra, o cuando termina años recorriendo arbitrajes e instancias internacionales. Quien financia a largo plazo necesita confiar en que los contratos se van a respetar, en que hay mecanismos eficaces para resolver controversias y en que las condiciones que permitieron hacer la inversión no van a cambiar todo el tiempo. Cuando esa confianza se deteriora, las consecuencias van mucho más allá de una empresa o de un proyecto puntual. Llegan a millones de ahorristas cuyos recursos ayudan a financiar el desarrollo del país.
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Quizás ahí esté la verdadera brecha detrás de la brecha. No en la distancia entre la infraestructura que tenemos y la que nos falta construir, sino en la distancia entre nuestra capacidad para atraer inversión y nuestra capacidad para darle estabilidad en el tiempo.
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Porque el desafío no es encontrar recursos para financiar el desarrollo. El desafío es recuperar las condiciones para comprometer esos recursos durante décadas.
La infraestructura se construye con concreto, acero y tecnología, pero se financia con confianza.
Carlo León es gerente de Renta Fija en Prima AFP.
