En este contexto electoral, una tarea obligatoria para todo empresario consiste en revisar qué dicen los planes de gobierno de los partidos políticos sobre el régimen económico, pues permiten anticipar la potencial regulación y normativa que impulsarían no solo quien gane la presidencia en el Poder Ejecutivo, sino también quienes consigan representación en el nuevo Parlamento.
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Un análisis general de los planes de gobierno de los 14 candidatos que a la fecha tienen más intención de voto (en un universo de casi 40), arroja, al menos en el papel, tres perspectivas diferentes en relación con el régimen económico que plantean: liberal, mixta, o intervencionista.
En resumen, las propuestas sobre el régimen económico y el papel del Indecopi son aspectos claves para todo empresario.
La visión liberal propone una economía sostenida por la inversión privada y políticas de desregulación para levantar trabas, reservando al Estado un rol subsidiario enfocado en sectores estratégicos y vulnerables (seguridad, salud, educación e infraestructura). En esta línea podría considerarse a Renovación Popular (Rafael López Aliaga) e Integridad Democrática (Wolfgang Grozo).
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Por su parte, la visión mixta plantea una economía en la que se promueve la inversión privada, pero con un rol activo del Estado como regulador, promotor y facilitador, a fin de garantizar equidad, inclusión, desarrollo sostenible y servicios básicos; es decir, ni capitalismo descontrolado ni intervencionismo excesivo. Lo llamativo es que esta es la perspectiva invocada por la mayoría de los partidos políticos competidores, quienes entenderían que deben evitarse propuestas radicales de liberalismo o de centralismo absoluto. En esta línea se ubicarían Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Ahora Nación (Alfonso López Chau), País para Todos (Carlos Álvarez), Buen Gobierno (Jorge Nieto), Alianza para el Progreso (César Acuña), Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont), Somos Perú (George Forsyth), Primero La Gente (Marisol Pérez Tello) y Perú Primero (Mario Vizcarra).
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Asimismo, la visión intervencionista, evidentemente, perseguiría un Estado planificador de la economía, controlista, en el que éste participe de manera activa desarrollando actividades económicas e incluso reservándose en exclusiva sectores que considere estratégicos. Lógicamente, esta perspectiva implicaría una reforma constitucional, ya que el régimen económico vigente consagra una economía social de mercado con participación subsidiaria del Estado en la economía, por lo que se buscaría regresar al régimen contemplado en la Constitución de 1979. En esta línea estarían Juntos por el Perú (Roberto Sánchez), Cooperación Popular (Yonhy Lescano) y Podemos Perú (José Luna).
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Como es lógico, al hablar del régimen económico, los planes de gobierno contienen propuestas –explícitas o implícitas– que guardan relación con las competencias del Indecopi, ya que se trata de la entidad pública encargada de velar por el correcto funcionamiento del mercado, resguardando la libre y leal competencia, protegiendo a los consumidores, y administrando la propiedad intelectual.
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En efecto, la mayoría de los partidos políticos coinciden en que se debe promover más competencia, aunque varios incurren en el error conceptual de considerar que los monopolios están prohibidos per se, e incluso uno de ellos propone controles de precios. Asimismo, todos afirman que se debe fortalecer la protección a los consumidores, pero sin brindar mayor detalle o propuestas concretas sobre cómo lo harían.
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Ahora bien, lo más llamativo es ver que prácticamente todos los planes de gobierno analizados indican expresamente que buscarán eliminar las barreras burocráticas, lo que refleja que el sistema de eliminación de éstas, gestionado por el Indecopi, ha tenido un impacto significativo en la economía y, a su vez, activado un creciente interés político, que esperemos no termine desnaturalizando su objeto, a saber: que las entidades públicas no dicten medidas que afecten de manera ilegal o irracional el desarrollo de actividades económicas, o que contravengan la simplificación administrativa.
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En cuanto al Indecopi, se identifican tres posibles tipos de reformas. La primera propone explícitamente que se convierta en un Organismo Constitucionalmente Autónomo (OCA), a fin de fortalecerlo a nivel administrativo, técnico y presupuestario (Integridad Democrática). La segunda es que se fortalezca su autonomía técnica, junto con el BCR y la Sunat, lo cual podría interpretarse en el sentido no de buscar que sea un OCA, sino que cuente con más recursos (Buen Gobierno). La tercera propone que el Concytec absorba a los institutos con funciones predominantes en I+D, entre ellos el Indecopi, y si bien no precisa qué función le quitaría es probable que se refiera a aquellas vinculadas con innovación y nuevas tecnologías (i.e.: patentes de invención) (Alianza para el Progreso).
En resumen, las propuestas sobre el régimen económico y el papel del Indecopi son aspectos claves para todo empresario al revisar un plan de gobierno, a fin de prever el posible ecosistema regulatorio que se enfrentará para invertir en el Perú y desarrollar actividades económicas.
Ivo Gagliuffi es socio de Garrigues.
