El pedido de voto de confianza que el Gabinete encabezado por Denisse Miralles presentará mañana ante el Congreso llega en medio de una coyuntura adversa. El propio Gobierno ha contribuido a ella con decisiones erráticas. El manejo de la crisis del gas ha dejado muchas dudas: medidas improvisadas, tardías y, en algunos casos, contraproducentes, como la imposición de clases virtuales incluso a colegios privados.
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Algo similar ocurre en el sector salud. El reciente cambio de ministro, Juan Carlos Velasco, en reemplazo de Luis Quiroz, refleja un sistema bajo presión, golpeado por problemas de gestión y cuestionamientos que no ayudan a fortalecer la confianza pública. En momentos en que el país enfrenta brotes de dengue, dificultades en el abastecimiento de medicamentos y los efectos de fenómenos climáticos extremos, lo que se espera del Ejecutivo es claridad en la conducción y equipos que transmitan estabilidad.
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Dicho todo esto, también es cierto que el debate sobre el voto de confianza ha empezado a desviarse hacia un terreno menos institucional y más táctico. No estamos, ciertamente, ante el mejor Gabinete que haya tenido el país. Pero negar la confianza sin siquiera escuchar la exposición del Gobierno no solo sería una decisión apresurada, sino también un síntoma preocupante de la degradación del sistema político.
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En ese sentido, no deja de ser significativo que diversos gremios empresariales –entre ellos Adex y Confiep– hayan llamado públicamente a preservar la estabilidad y a otorgar el voto de confianza. Más allá de simpatías o diferencias, el argumento central es claro: en un contexto de crisis energética, riesgos climáticos y un proceso electoral en marcha, el país necesita previsibilidad.
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Sin embargo, parte del Congreso parece haber convertido este mecanismo constitucional en un arma arrojadiza. Varias bancadas han anunciado su voto en contra antes incluso de escuchar al Gabinete. Ese comportamiento revela algo más profundo que una simple discrepancia: muestra hasta qué punto los canales institucionales de diálogo han sido erosionados.
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En un sistema donde el equilibrio de poderes ya se encuentra descompensado, la beligerancia parlamentaria es una señal de alarma. Podría tratarse de gestos de presión política en el tramo final del actual Congreso, como para seguir abultando la lista de iniciativas legislativas con fines populistas y efectos devastadores sobre las finanzas públicas.
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El problema es que ese tipo de dinámica no es inocua. Cada crisis política adicional tiene efectos concretos sobre la economía. La incertidumbre permanente no solo encarece las decisiones del Estado, sino que también limita la capacidad del país para crecer y generar empleo en los próximos años.
Por eso, el voto de confianza debería ser entendido como lo que realmente es: un mecanismo para evaluar al Ejecutivo y permitir que el Gobierno exponga su plan de trabajo. Convertirlo en un instrumento de presión política puede resultar rentable en el corto plazo para algunos actores. Pero, como tantas veces ha ocurrido, el costo final lo termina pagando el país entero.
