Comando unificado. El Gobierno ha anunciado la creación de un Comando Unificado contra la criminalidad, integrado por 1,350 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La estrategia contempla también la participación del Osiptel, las empresas de telecomunicaciones y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para reforzar el control de las comunicaciones utilizadas por las organizaciones criminales y rastrear sus recursos económicos. Son medidas cuyo impacto dependerá de la coordinación entre las instituciones y de su capacidad para producir resultados sostenidos.
A este anuncio se suma la aprobación, ayer, en la Comisión de Constitución del Senado, del dictamen que delegaría facultades legislativas al Ejecutivo durante 90 días. Entre las materias incorporadas figura la posibilidad de ampliar los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía cuando esta se vea sobrepasada por la criminalidad. El texto todavía debe ser aprobado por el Pleno del Senado.
Sin embargo, la participación militar en la seguridad interior tiene antecedentes que merecen atención. Pataz permanece bajo estado de emergencia desde el 2024 y cuenta con un comando unificado desde mayo del 2025. Allí, las Fuerzas Armadas tienen el control del orden interno. Pese a ello, la violencia continúa. El pasado 6 de octubre, dos vigilantes fueron asesinados durante un ataque en un área vinculada a Minera Poderosa. El propio Gobierno ha tenido que prorrogar nuevamente el estado de emergencia ante la persistencia de la minería ilegal y otros delitos.
El Ministerio de Defensa informa que las operaciones en Pataz han ocasionado pérdidas millonarias a las organizaciones dedicadas a la minería ilegal. Es un resultado que debe considerarse, pero que no basta para acreditar una recuperación del control territorial. La continuidad de los asesinatos y de las actividades ilícitas obliga a examinar las limitaciones de esa intervención.
El Ejecutivo debe explicar qué cambiará con el nuevo Comando Unificado y cómo medirá sus resultados. También corresponde al Congreso evaluar las facultades solicitadas a partir de la experiencia acumulada, con límites y responsabilidades claramente establecidos. La población necesita una reducción efectiva de la violencia. Multiplicar los anuncios, las estructuras de mando y las atribuciones legales no garantiza conseguirla.
