El Gobierno ha puesto sobre la mesa una agenda que apunta a simplificar trámites, eliminar barreras y facilitar la inversión. Es una señal positiva, sobre todo cuando el país necesita recuperar mayores tasas de crecimiento. Pero entre anunciar una medida y ponerla en práctica puede abrirse un espacio que termine jugando en contra de lo que se busca conseguir.
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Julio Velarde lo advirtió el viernes durante la presentación del Reporte de Inflación. Si se anuncia que determinados trámites serán simplificados o eliminados, pero la medida demora en aplicarse, algunas empresas podrían optar por esperar. ¿Para qué asumir hoy el costo de un permiso que mañana podría dejar de ser necesario?
El Congreso debe discutir qué facultades corresponde delegar y cuáles no. Es parte de su función. El problema sería que esa discusión termine retrasando nuevamente las reformas que se quieren impulsar. (Foto: JUAN PONCE VALENZUELA/ GEC)
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La advertencia cobra mayor relevancia en el escenario actual. El BCR proyecta que la inversión privada crecerá 14% este año y el propio Velarde señaló que observa un creciente interés de las empresas por invertir en el país. Hay, entonces, una oportunidad que no deberíamos desaprovechar.
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Simplificar trámites sí tiene efectos concretos. Según información de la PCM, la revisión y simplificación de procedimientos ha generado ahorros por más de S/ 460 millones para ciudadanos y empresas. Además, el 81% de las municipalidades de categorías A, B y C ya implementaron trámites estandarizados, entre ellos licencias de funcionamiento, mediante el Sistema Único de Trámites. Hay avances, pero todavía queda camino por recorrer.
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Parte de esta agenda está ahora vinculada al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. Esta semana, la Comisión de Modernización de la Cámara de Diputados dio opinión favorable a la delegación en materias específicas, entre ellas simplificación administrativa y eliminación de barreras burocráticas. La Comisión de Economía, en cambio, consideró no viable la delegación en las materias que evaluó.
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El Congreso debe discutir qué facultades corresponde delegar y cuáles no. Es parte de su función. El problema sería que esa discusión termine retrasando nuevamente las reformas que se quieren impulsar.
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No sería la primera vez. Destrabe, simplificación administrativa y eliminación de barreras son conceptos que aparecen una y otra vez en la agenda de distintos gobiernos. Si seguimos hablando de ellos es porque todavía hay problemas pendientes.
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También importa cómo se anuncian las medidas. Una reforma que todavía requiere normas, reglamentos o coordinaciones entre entidades no debería presentarse como si estuviera lista para aplicarse. Las empresas toman decisiones considerando también las señales que reciben del Gobierno.
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El país necesita inversión privada para crecer más y generar empleo formal. Si hoy existe mayor disposición a invertir, corresponde facilitar que esas decisiones se concreten.
Simplificar es necesario. Pero entre el anuncio y la ejecución no debería pasar más tiempo del necesario.
Víctor Melgarejo es director periodísto (e) de Gestión.
