La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ratificó este miércoles las dos primeras sentencias emitidas por ese tribunal contra siete exintegrantes de las FARC por secuestros y crímenes de guerra, así como las condenas impuestas a 12 exmilitares por asesinatos y desapariciones forzadas cometidos en la costa del Caribe.
Las decisiones fueron adoptadas por la Sección de Apelación de la JEP, que resolvió los recursos presentados por víctimas, comparecientes y el Ministerio Público. Además, fijó criterios que servirán como precedente para las futuras sentencias de los once macrocasos que investiga esta jurisdicción.
“Este es un avance significativo para la Jurisdicción, para las víctimas y para quienes fueron condenados por el Tribunal para la Paz en primera instancia y cuyas penas ahora se confirman de manera definitiva”, afirmó el presidente de la Sección de Apelación de la JEP, Eduardo Cifuentes.
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Condenas a exdirigentes de las FARC
En el Caso 01, referido a los exintegrantes del último secretariado de las FARC, la JEP confirmó la responsabilidad penal de Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
El tribunal los declaró responsables como autores de los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio, además de los delitos de lesa humanidad de privación de la libertad, asesinato y desaparición forzada.
Asimismo, cinco de ellos fueron condenados por responsabilidad de mando al no impedir delitos como tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y otras violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de la antigua guerrilla.
La JEP confirmó las primeras sentencias definitivas contra exjefes de las FARC y exmilitares por graves violaciones a los derechos humanos. En la imagen, el presidente de la Sección de Apelación de la JEP, Eduardo Cifuentes. Foto: EFE.
Según la JEP, los condenados son los máximos responsables de más de 21,000 secuestros perpetrados con el fin de financiar la guerra, presionar intercambios de prisioneros y ejercer control territorial, hechos que derivaron en cautiverios, torturas, violencia sexual, humillaciones y otras graves vulneraciones a los derechos humanos.
La Sección de Apelación también modificó diversos aspectos de la sentencia de primera instancia “para reforzar la efectividad de las sanciones propias”.
Entre los cambios, dispuso incorporar propuestas formuladas por las víctimas, establecer cronogramas específicos para el cumplimiento de las penas y fijar restricciones concretas a derechos y libertades durante los ocho años de trabajos restaurativos, que se desarrollarán entre agosto de 2026 y febrero de 2034 en siete regiones del país.
Exmilitares también fueron condenados
La JEP también confirmó las sanciones impuestas a 12 exintegrantes del Batallón La Popa del Ejército por asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron presentados falsamente como bajas en combate entre 2002 y 2005 en la costa Caribe colombiana.
Los magistrados ratificaron la condena por asesinato y desaparición forzada en un caso que dejó 135 víctimas en 77 hechos victimizantes, entre ellas integrantes de los pueblos indígenas kankuamo, wiwa y wayúu.
“Esta sentencia jamás podrá devolverles el tiempo perdido, el tiempo del cautiverio, de los vejámenes. El tiempo que ustedes han padecido por la pérdida de sus seres queridos con la desaparición forzada”, señaló el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
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La Sección de Apelación resolvió 19 recursos y revocó la condena por los delitos de persecución y tortura al considerar que estas imputaciones fueron incorporadas al proceso sin cumplir el procedimiento legal correspondiente.
La sentencia mantuvo los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (TOAR), que incluyen la construcción de un mausoleo con más de 700 osarios en el cementerio Ecce Homo de Valledupar, en el departamento de Cesar, como parte del Plan Integral de Memorialización para la costa Caribe propuesto por las víctimas.
Posteriormente, los exmilitares deberán ejecutar otros proyectos orientados a la recuperación de la memoria histórica, entre ellos la construcción de centros culturales y ecoturísticos.
Con información de EFE.
