
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) intensificará durante los próximos meses la identificación de empresas que habrían sido utilizadas para emitir comprobantes de pago por operaciones inexistentes, en el marco del régimen de Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO).
La entidad proyectó que, hacia finales de este año, culminará el procedimiento para identificar alrededor de 3,000 empresas vinculadas a un crédito fiscal sospechoso superior a los S/ 5,000 millones.
El objetivo de esta estrategia es fortalecer la detección de esquemas de evasión tributaria en los que empresas sin infraestructura, personal, activos o capacidad económica suficiente emiten facturas que luego son utilizadas por terceros para reducir indebidamente el pago de impuestos.
Desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1532, la Sunat ha publicado en su portal institucional la relación de 212 sujetos sin capacidad operativa. Según la entidad, los comprobantes emitidos por estas empresas fueron utilizados por 78,163 clientes para sustentar compras por aproximadamente S/ 709 millones.
Como resultado de las acciones de control, la administración tributaria informó que ya recuperó más de S/ 341 millones, cifra que representa cerca del 50% del monto observado.

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Deducción indebida de impuestos
La Sunat explicó que este tipo de esquemas permite a los supuestos adquirentes deducir de manera indebida el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV), así como registrar costos o gastos para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta, reduciendo el monto de los tributos que les correspondería pagar.
Además, recordó que este tipo de conductas puede configurar una modalidad de evasión tributaria susceptible de generar responsabilidades administrativas e, incluso, penales.
La entidad estimó que las deducciones tributarias sustentadas en operaciones no reales habrían ocasionado una pérdida potencial de aproximadamente S/ 21,504 millones para el Estado, recursos que, de haberse recaudado, pudieron destinarse al financiamiento de servicios públicos, infraestructura y otras obras.
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