La minería ilegal en el Perú no solo debe su fuerte expansión al incentivo por los precios récord de los metales (oro y cobre) y la inacción del Gobierno, sino también a todo un esquema que se muestra presto para el procesamiento de los minerales, sin mayores preguntas, en no pocos casos.
Así la situación, sobre las plantas procesadoras o de beneficio recae un gran protagonismo, en el marco de la lucha contra esta problemática, que financia el sicariato, extorsiones y más.
Miguel Incháustegui, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), explicó que las plantas se encargan de procesar los minerales para así elevar su valor comercial.
De un tiempo a ahora, estas aumentaron, principalmente, en la costa del Perú, a fin de atender los minerales que extraen los mineros de pequeña escala, artesanales, entre otros. El problema está en que, entre la informalidad, se camufla la ilegalidad.
“El gran tema es que las plantas reciben mineral de todos: formales, informales e ilegales. Uno que tiene su Reinfo suspendido puede acercarse, pues no hay un control estricto sobre la legalidad del mineral ni de la vigencia del registro. No hay control de la cantidad del mineral ni precios justos [para quienes llevan su producto]. No hay una forma de acreditar en general. Incluso, con los precios altos de los metales, hay un incentivo para solo procesar”, describió.
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¿Qué proponen los candidatos ante la minería ilegal?
En una nueva revisión de los planes de Gobierno, Gestión analizó qué proponen los más de 30 candidatos presidenciales sobre estos espacios claves para la minería, más aún por su rol en la lucha contra la ilegalidad (o su expansión descontrolada).
De los 35 planes de Gobierno subidos al portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), destaca que 19 no cuentan con referencia alguna a las plantas de procesamiento ni realizan apuntes relacionados alrededor de esta fase de la producción minera.
Algunos candidatos que figuran aquí son: Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Carlos Álvarez (Partido País para Todos), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), entre otros.
El precio del oro se encuentra a niveles récord. | Agencias
En el grupo que sí presentan propuestas relacionadas, sin embargo, hay diferentes niveles de detalles. Van desde mencionar solo la relevancia de una trazabilidad del mineral, pasado por optimizar las fiscalizaciones, hasta estructurar sistemas de interoperabilidad.
Algunas iniciativas que se plantean son, por Keiko Fujimori de Fuerza Popular, culminar la implementación nacional del SIPMMA (Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal) para la trazabilidad de insumos y minerales.
En tanto, Jorge Nieto -de Buen Gobierno- propone crear una plataforma digital integrada de trazabilidad del oro y otros minerales; y Roberto Sánchez -de Juntos por el Perú- menciona la implementación de las plantas de beneficio en los parques mineros.
Desconocimiento o desidia de candidatos presidenciales
Roque Benavides Ganoza, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, consideró altamente preocupante que menos de la mitad de candidatos tenga en el radar propuestas sobre las plantas procesadoras, siendo espacios claves en un contexto de expansión significativa de la minería ilegal.
El exministro Inchaustegui también lamentó esta situación de despreocupación y desconocimiento sobre cómo abordar la minería ilegal por parte de los candidatos. “Y en varias menciones de los candidatos hay medidas muy superficiales”, anotó.
Benavides apuntó que uno de los principales problemas por atender alrededor de las plantas procesadoras está relacionado a la “descentralización” y la configuración de un “doble estándar” de evaluación y fiscalización sobre sus capacidades de procesamiento. Esto distorsiona el rubro, abriendo el espacio para defraudar y el avance de la ilegalidad.
“No puede ser que, en el Perú, haya un doble estándar para las plantas: las que registran por encima de las 350 toneladas por día son fiscalizadas por el Minem, el Gobierno central; y las que están por debajo de ese nivel, por la Dirección Regional de Energía y Minas de cada región. Y es evidente que hay mucha flexibilidad o corrupción en muchas de las regiones”, comentó.
Incluso, Benavides dio cuenta de cómo las plantas registran adrede información incorrecta para evitar fiscalizaciones desde el Gobierno central.
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“Soy testigo de excepción de haberle preguntado a un minero teóricamente fiscalizado por una dirección regional sobre la capacidad de su planta. Me respondió que, en teoría, era de 350 , pero que en verdad su capacidad soportaba las 850. Me dijo que reportaba menos para que lo fiscalice la dirección regional. Esto es un gran problema”, anotó.
Una solución ante este escenario, apuntó Benavides, es que se encargue a una sola autoridad la fiscalización de las plantas con los mismos estándares (medioambientales, laborales, de operación, de seguridad, de la Sunat, entre otros). Propuso para esta tarea al Minem.
Para Incháustegui, y atendiendo el aumento de las plantas de beneficio en el país, resulta urgente promover procesos de acreditación en el que se asegure el bloqueo por cualquier vía a la ilegalidad. Consideró que esto podría otorgarlo un tercero, como el Minem, la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) o un organismo internacional.
No hay una normativa estricta para frenar el avance de la minería ilegal, indican expertos. (Sunat)
“A nivel global, hay un interés por la trazabilidad del mineral y hay instituciones que la otorgan. Hay esquemas vigentes que ya se aplican en otros países”, señaló.
A esto, Benavides agregó la necesidad de una amplia y detallada trazabilidad no solo sobre el metal, sino de los insumos que se utilizan para su procesamiento en diferentes etapas: mercurio, petróleo, entre otros.
“La trazabilidad es muy importante, pero no solamente del metal, sino de los insumos que se utilizan en minería. Es decir, ¿para qué puede estar entrando tanto mercurio a Madre de Dios? No es para hacer termómetros. ¿Para qué entra más petróleo del que se necesita en Madre de Dios? Es para la minería informal. Aquí son interesantes los sistemas interoperables para la pequeña minería y minería artesanal”, sostuvo.
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En esta línea, Incháustegui también lamentó que sean pocas las menciones para la aprobación de una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), donde precisamente se venían abordando aspectos como la interoperabilidad.
“Se evidencia que hay un desconocimiento y causa hasta frustración porque quieren inventar la rueda cuando, meses atrás, se tuvo reuniones multiactores con propuestas sobre este tema. Además del sistema interoperable, se abordó aspectos para que los titulares de concesiones logren acuerdos con los mineros”, indicó.
Desde una perspectiva más general, Benavides apuntó que se debe establecer un mecanismo de mercado para la formalización final de los informales, evitando un espacio de escondite para los ilegales.
“Algunos de los grandes problemas del Perú son la corrupción, la inseguridad, el centralismo y la informalidad. Y dentro de esta última hay un gran componente de la minería. La realidad no es que los formales nos oponemos per se, pero la informal [donde también se agrupa la ilegal] no tiene fiscalización ambiental, laboral, hay abusos de personas y niño trabajando”, anotó.
Elaboración: Ricardo Guerra Vásquez (Gestión)
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
