A pesar de que en la historia republicana del Perú la participación del Estado como empresario ha traído pésimos resultados para el país -con Petroperú como el caso más reciente-, en algunos sectores del Congreso de la República persiste la idea que el sector público siga asumiendo ese rol.
Tal es el caso del proyecto de ley que presentó este lunes la bancada de Perú Libre, que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción, implementación y puesta en funcionamiento de plantas procesadoras industriales, a iniciativa de los gobiernos regionales.
La propuesta legal, del congresista Waldemar Cerrón, establece que ese tipo de plantas se instale de acuerdo con el potencial productivo de cada jurisdicción, orientándose a la transformación de materia prima productiva, mediante el escalamiento industrial de sus “productos emblemáticos”.
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¿Estado decidiría en qué se invierte?
El proyecto menciona que los ministerios de Producción (Produce) y Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), junto con los gobiernos regionales, serán las entidades involucradas en la implementación de ese tipo de plantas.
Esas instituciones del sector público serán las que, en un plazo de 60 días calendario, de aprobarse esa norma, deberán determinar el “producto estratégico” o “bandera” por región, que será objeto de procesamiento en dichas plantas.
Asimismo, establece que la construcción, implementación y puesta en funcionamiento de las plantas procesadoras podrá ejecutarse mediante diversas modalidades, la primera de ellas la inversión pública directa de los gobiernos regionales o el Gobierno Nacional, o también por asociación público-privada (APP) o vía Obras por Impuestos (OxI).
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También buscan decidir sobre minería
Aunque pone como ejemplo de productos “bandera” que se plantea industrializar al café, la piña, los espárragos, arándanos, uvas o fibra de alpaca, en el sustento del proyecto se refiere también a principales materias primas como el cobre, el oro, zinc, plomo, molibdeno, e hidrocarburos como el gas natural y fosfatos.
La industrialización de "productos estratégicos" en la mira de candidatos presidenciales y del Congreso
Foto: Diario Gestión.
Argumenta que la viabilidad de esa transformación se sustenta en el aprovechamiento de los eslabonamientos productivos hacia adelante, por ejemplo, la integración de la minería de cobre y litio con la industria de la electromovilidad y las energías renovables.
El proyecto de ley, que fue recibido este 19 de enero, fue derivado de inmediato en esa misma fecha a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, y a la Comisión de Agricultura del Parlamento.
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La iniciativa legislativa coincide con los planes de gobierno de principales candidatos a la presidencia de la república, que en su mayoría proponen darles valor agregado a nuestras materias primas, por ejemplo, del sector minero, a través de procesos de industrialización.
AGAP: se replicaría un Petroperú en cada región
Sobre el tema, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productivos Agrarios del Perú (AGAP), refirió a Gestión que, aunque lo rescatable de ese proyecto de ley es que pone interés en el desarrollo agrario, lo que no está bien es que se promueva la figura del Estado empresario, y que éste asuma actividades económicas y productivas.
Remarcó que, por ese lado, esta propuesta contraviene la Constitución Política del Perú (artículo 60) que consagra el rol subsidiario del Estado, es decir que éste sólo puede realizar actividad empresarial cuando el sector privado no participa o es insuficiente.
Gabriel Amaro, presidente de Agap, cuestiona proyecto de ley que busca la inversión del Estado en actividades productivas (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)
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“No puede ser que el Estado se meta a invertir y a operar plantas para un sector económico productivo; lo que el Congreso tiene que hacer es fomentar y generar un mejor clima de negocios para la inversión privada, y que desarrolle la infraestructura que requiere el sector productivo particular para poder avanzar”, subrayó Amaro.
Puso como ejemplo a las empresas públicas de saneamiento (EPS) que deben proveer servicios de agua y desagüe a nivel nacional, las cuales, indicó, están en situación de quiebra, y que, de aprobarse esa iniciativa, se podría multiplicar un Petroperú en cada región.
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No debe involucrarse recursos estatales
En tanto, Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), refirió a Gestión que son de las empresas industriales de quienes tiene que partir la iniciativa de relacionarse con las empresas mineras y buscar darles mayor valor agregado a los minerales que se extraen en el país.
En ese sentido, refirió que, si los candidatos presidenciales buscan darle mayor valor agregado a las materias primas, deben hacerlo con sus recursos propios, pero no con los recursos del Estado, que son de todos los peruanos.
“Es como los que están en Petroperú, que quieren que siga funcionando esa empresa estatal, porque es plata de otros”, aseveró.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.
