
La venta ilegal del plaguicida clorpirifós en el país podría tener consecuencias para las agroexportaciones peruanas, como devoluciones de productos y un deterioro de la reputación de nuestro territorio en los mercados internacionales, advirtió Ysabel Segura, gerenta de Relaciones Institucionales y Convenios de ADEX.
Durante su participación en una mesa de diálogo organizada por la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, les sugirió a las autoridades adoptar medidas inmediatas para garantizar la aplicación efectiva de la normativa.
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Disposiciones en el radar
Entre las acciones recomendadas destacó el fortalecimiento de las capacidades técnicas y presupuestales del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). De esa forma podrá reforzar las labores de fiscalización y control en el mercado de plaguicidas.
También propuso comunicar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), sobre el posible ingreso ilegal del producto clorpirifós; con ello, intensificar los controles en los puntos fronterizos y evitar la reincidencia de estas prácticas.
“El cumplimiento de estas disposiciones será clave para resguardar el consumo de alimentos saludables en el país, proteger la integridad del sistema agroproductivo y preservar nuestro posicionamiento internacional, sustentado en la amplia ventana comercial que nos brinda la contraestación, la diversidad de cultivos reconocidos en el mundo, la innovación en el recambio varietal y el compromiso del sector con altos estándares de calidad y sostenibilidad”, dijo.
Otra de las medidas propuestas fue la implementación de campañas de difusión y sensibilización dirigidas a los productores, con el fin de informar sobre las prohibiciones vigentes, sanciones aplicables y alternativas técnicas seguras y sostenibles disponibles en el mercado.

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Clorpirifós: el problema
En su intervención, Segura detalló que la comercialización y circulación del ingrediente activo clorpirifós constituye una infracción grave al ordenamiento jurídico nacional y representa un riesgo para la salud pública, el ambiente y la sostenibilidad de las actividades productivas vinculadas al sector agrario.
De acuerdo con la normativa vigente, el uso de plaguicidas que contienen este insumo está prohibido desde el 1 de agosto del 2024, mientras que su importación fue restringida desde julio del 2023. Asimismo, la legislación establece que, desde esa fecha, también están prohibidas su fabricación, formulación, comercialización, distribución, almacenamiento, envasado y exportación.
“La persistencia de su uso o comercialización genera riesgos que trascienden el ámbito interno, pues puede afectar la imagen del Perú como proveedor confiable de alimentos y comprometer la competitividad del sector agroexportador, que ha logrado posicionarse en los mercados internacionales gracias al cumplimiento de altos estándares de calidad, inocuidad y sostenibilidad”, subrayó.
- El dato
En la mesa de trabajo se informó que el año pasado la Unión Europea registró 48 rechazos de productos, la mayor parte por residuos de plaguicidas (clorpirifós, metomilo, propiconazol, fentoato, clorfenapir, entre otros), seguido por la presencia de metales pesados, micotoxinas y toxinas naturales, entre otros.








