Moody´s rebajó este miércoles la calificación de riesgo de Petróleos del Perú -Petroperú S.A.- a Caa1 (equivalente a CCC+) desde la anterior que le había asignado, B3, cambiando su perspectiva desde estable a negativa, como emisor de deuda en el mercado internacional.
Así lo indica Moody´s en un hecho de importancia dirigido al Mercado de Valores, en el cual explica que decidió ese cambio en la calificación a raíz de la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025 -para la reorganización de esa empresa- incluyendo la posible segmentación o transferencia de activos de Petroperú a través de estructuras bajo ProInversión, señalando que son negativas para el crédito de esa empresa.
Refiere que, si bien los convenios de deuda vigentes ayudan a salvaguardar los activos principales de la petrolera estatal, estas medidas podrían debilitar la base de activos de la compañía, aumentar los riesgos de ejecución y gobernanza.
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¿Riesgo para los acreedores?
Además, refiere que, potencialmente podrían debilitar las protecciones de los acreedores bajo los convenios de deuda vigentes que limitan la transferencia de activos o la segregación de activos principales, en particular los relacionados con la refinería de Talara.
“Si bien el decreto reafirma el rol estratégico nacional de Petroperú, las acciones contempladas aumentan la incertidumbre sobre la preservación del perfil operativo y financiero de la compañía”, anota Moody´s.
Explica que la confirmación de la Evaluación de Crédito Base (BCA) de Petroperú refleja su persistentemente débil posición de liquidez y los continuos desafíos financieros y operativos, que continúan limitando su solidez crediticia independiente a pesar de las primeras señales de estabilización operativa.
Refinería Talara, es tomada en cuenta en el análisis de la situación de Petroperú que realiza Moody´s (Fuente: Andina)
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Recursos no cubren obligaciones
Al 30 de septiembre de 2025 –observa- la compañía contaba con tan solo $33.9 millones en efectivo, insuficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo, incluyendo aproximadamente $400 millones en pagos anuales de intereses.
Mientras tanto, añade, el flujo de caja operativo negativo, la dependencia de la refinanciación a corto plazo y el acceso limitado a líneas de crédito sin garantía subrayan aún más su vulnerabilidad.
Refiere que, si bien Petroperú registró un EBITDA positivo en el tercer trimestre de 2025, lo que considera un hito importante tras pérdidas prolongadas, su alto apalancamiento (la deuda total ajustada a septiembre de 2025 fue de $6.3 mil millones), la cobertura de intereses negativa y la dependencia del apoyo extraordinario del Gobierno siguen afectando considerablemente su perfil independiente.
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Riesgo de gobernanza
Observa que, si bien el Gobierno del Perú tiene una larga trayectoria brindando apoyo extraordinario (a esa empresa), dicho apoyo ha sido históricamente reactivo, y que el riesgo de gobernanza es un factor a considerar en la acción de calificación.
La combinación de un deterioro de la liquidez, una visibilidad limitada sobre el apoyo futuro y mayores riesgos de ejecución bajo el marco de reorganización sustentan la rebaja de la calificación, argumenta Moody´s.
La perspectiva negativa -añade- refleja la mayor incertidumbre en torno a la implementación del apoyo gubernamental y la posibilidad de un mayor debilitamiento de los fundamentos crediticios de Petroperú en medio de los procesos de transferencia de activos, los déficits de liquidez y la limitada flexibilidad de refinanciamiento.
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¿Podría bajar aún más la calificación?
En tal sentido, concluye en que es improbable que se produzcan presiones al alza sobre las calificaciones en el corto plazo, dada la perspectiva negativa.
“Sin embargo, una clara evidencia de un apoyo gubernamental oportuno, predecible y eficaz, junto con una mejora sustancial en la liquidez y la visibilidad del flujo de caja, podría estabilizar la perspectiva”, refiere.
Pero, por el contrario, advierte que podría surgir una mayor presión a la baja si la liquidez se deteriora aún más, si las medidas de reestructuración o transferencia de activos debilitan la protección de los acreedores, o si la empresa realiza transacciones que la calificadora considera como intercambios en dificultades.
Edificio de Petroperú en San Isidro. (Foto: Andina)
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¿Qué refleja esta rebaja en la calificación?
Sobre el tema, Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, consideró que esta rebaja en la calificación crediticia de Petroperú refleja, en primer lugar, su frágil situación financiera.
La empresa -observó- presenta bajos niveles de capital y patrimonio y un alto nivel de endeudamiento, pero el principal problema es su flujo de caja operativo negativo, lo que significa que el negocio pierde dinero de manera sostenida.
A esta debilidad financiera le sumó un factor cualitativo clave: el cambio en la postura del Estado peruano. Recordó que, en los últimos meses, el Gobierno ha manifestado de manera explícita su decisión de retirar el apoyo financiero y su voluntad de reestructurar la empresa, aun cuando no se utilice formalmente el término “privatización”.
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En la práctica, cualquier proceso de venta por partes, cierre de unidades o reestructuración profunda equivale a una transferencia de activos al sector privado, aseveró Castellanos.
“Estrategias” con limitaciones
Además, refirió que durante varios años, el Estado ha intentado llevar adelante procesos de reingeniería empresarial sin resultados sostenibles. Paralelamente, se ha buscado incorporar socios estratégicos que inviertan junto al Estado, una estrategia que enfrenta serias limitaciones.
“Desde la lógica empresarial, ninguna compañía privada está dispuesta a invertir capital significativo sin tener control sobre la operación. En ese sentido, para un inversionista privado, el Estado peruano no resulta un socio atractivo si solo ofrece participaciones minoritarias. En los negocios, la regla es clara: quien invierte, controla”, apuntó.
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De cara al futuro, el experto consideró que la alternativa más viable —y posiblemente la única— sería vender Petroperú por unidades de negocio.
Esto implicaría desprenderse progresivamente de activos como la red de distribución, las refinerías menores en el oriente y, eventualmente, la Refinería de Talara. Mantener la empresa en su forma actual significa sostener un activo que genera pérdidas diarias y que termina siendo financiado por todos los peruanos.
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