
El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación por la situación que vienen enfrentando diversas empresas ejecutoras de obras como consecuencia de la aplicación de disposiciones vinculadas a la determinación de la Capacidad Máxima de Contratación (CMC) por parte del Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamentación.
“Diversas empresas constructoras estarían experimentando reducciones significativas en su capacidad de contratación, situación que podría impedirles participar en procesos de selección para la ejecución de proyectos de infraestructura de mediana y gran envergadura. Esta medida afecta a compañías formales con acreditada experiencia, solvencia técnica y trayectoria en la construcción de obras para el Estado”, señaló a través de un comunicado.
Sostuvo que como gremio representativo del sector, considera indispensable que toda modificación regulatoria respete los principios de seguridad jurídica, predictibilidad, razonabilidad y no retroactividad. “Las reglas aplicables a la contratación pública deben promover la competencia y la participación de más empresas, no restringirla de manera injustificada”, apunto.
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En esa línea advirtieron que una reducción generalizada de la capacidad de contratación de las empresas constructoras podría generar efectos negativos para el país, tales como una menor competencia en los procesos de contratación pública, la concentración del mercado en un número reducido de empresas, el encarecimiento de las obras, retrasos en la ejecución de proyectos de infraestructura y una menor capacidad del Estado para cerrar brechas en transporte, saneamiento, salud, educación y conectividad.

“Por ello, exhortamos al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), al Registro Nacional de Proveedores y a las autoridades competentes a revisar con urgencia los efectos de esta problemática y establecer espacios de diálogo técnico con los gremios empresariales y las empresas involucradas, a fin de identificar soluciones que permitan preservar la competencia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar la continuidad de las inversiones y obras que el Perú necesita”, apuntó.
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Además, el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima reafirmó su disposición para contribuir técnicamente en la búsqueda de alternativas que fortalezcan la transparencia, la eficiencia y la competitividad en las contrataciones públicas, promoviendo un entorno que impulse el desarrollo de la infraestructura nacional y el crecimiento económico del país.







