Hay un pasajero “fantasma” que viaja en moto lineal por las avenidas de Lima y que, además, se avala en el servicio delivery. Es decir, mientras las aplicaciones simulan entregar comida, los ciudadanos asumen el rol de “paquete”. Un precio más cómodo a cambio de una expuesta seguridad física.
Se trata de una distorsión, como lo denominaron los expertos durante la presentación del estudio “Movilidad digital sin reglas”, a cargo del Observatorio de Plataformas Perú, en alianza con Ipsos y la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).
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“Enforcement” tecnológico para cumplir la norma
Lo que falla, de acuerdo con los expertos, es la solidez de los protocolos internos y de prevención que implementan las plataformas para contrarrestar las conductas expresamente prohibidas por sus propias condiciones de uso.
Todo inicia con una solicitud de transporte personal a conductores habilitados para servicios de paquetería. En esta dinámica hay un acuerdo informal: un pago beneficioso para ambas partes.
Este hallazgo, según Alejandra Dinegro, directora del Observatorio de Plataformas Perú, no constituye una evidencia de incumplimiento estructural, pero sí revela una vulnerabilidad del sistema. Por ello, el foco apunta hacia las herramientas de las plataformas para detectar, disuadir y corregir estos escenarios antes de que se materialicen.
Para empezar, hay un desvío de recursos y una fuga de ingresos que la empresas deberían observar: una masa de dinero se mueve en el mercado, pero la plataforma no la recauda. Asimismo, este sistema informal compite de forma desleal con los servicios regulados al ofrecer precios bajos para evitar el tráfico de la ciudad. Por último, debido a que las plataformas se deslindan de cualquier responsabilidad de seguridad y el viaje no figura registrado oficialmente como transporte de pasajeros, el usuario queda en total desamparo si ocurre un accidente.
En suma, pérdida de ingresos para las plataformas a causa del desvío de dinero; tarifas drásticamente más bajas que distorsionan el mercado; y la probabilidad constante de gastos extras por accidentes, la cual afecta directamente el bolsillo del usuario.
“La plataforma suele decir: ‘Yo no tengo responsabilidad, eso lo están haciendo el conductor y la persona’. Pero nosotros hacemos incidencia es que las plataformas sí pueden controlar eso porque saben dónde está el conductor, saben qué ruta va a tomar, saben si está conectado, cuántas horas está conectado, saben si es de Lima o si es de regiones, saben cuál es su actividad, si es de reparto o de taxi. El área de soporte tiene acceso a toda esa información y sí podría bloquear ese tipo de pedidos”, dijo Dinegro.
¿Cómo van la movilidad y el delivery en Perú? (Foto: disfusión)
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La vulnerabilidad del decreto supremo de 2019
Luis Candia, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, se sumó a la presentación y mencionó que el tema se viene discutiendo por años.
En efecto, el transporte de pasajeros en motocicleta lineal no cuenta con habilitación legal: el Decreto Supremo N.º 035-2019-MTC establece el bloqueo de aplicativos y páginas web que ofrezcan transporte público de personas en vehículos de categoría L, salvo los L5.
Ante este escenario, una de las medidas propuestas por los expertos es crear un Registro Nacional de Plataformas Digitales de Movilidad, exigir domicilio legal en Perú, establecer estándares técnicos comunes y fortalecer los mecanismos de reclamación.
A su turno, Ismael Sutta, enfatizó que esta práctica, además de ser un vacío regulatorio, entra directamente en el terreno de la ilegalidad. Coincidió con Candia: el Decreto Supremo del 2019 prohíbe explícitamente el transporte de personas en moto lineal y su artículo 3 ordena sancionar y bloquear a las plataformas que ofrezcan este servicio.
Hizo, a modo de ejercicio, una extrapolación del volumen de viajes anuales de paquetería en el Perú y estimó que casi 1 millón de personas se movilizan de forma ilegal en moto.
“Es un gran reto empezar a trabajar a través de las nuevas autoridades para tener un nuevo escenario en los próximos años y entrar en este proceso de regulación bajo algunos estándares que consideramos necesarios y que el estudio ya arroja. Enfocándonos en el tema de trazabilidad, es importante que las empresas tengan una personalidad jurídica dentro del país, que los conductores estén totalmente habilitados, que las unidades vehiculares estén totalmente habilitadas, que se establezca un estándar para que puedan prestar el servicio y, sobre todo, que haya una adecuada fiscalización. Países como Brasil, Chile y México ya cuentan con un marco regulatorio que permite trabajar adecuadamente en este sistema”, indicó.
Sutta alerta que esto afecta de manera directa a la seguridad vial, por lo que requiere una intervención con acciones rápidas por parte del Estado. (Foto: cortesía del Observatorio de Plataformas Perú)
Redactora de Economía en Gestión. Periodista nacida en Piura, con ocho años de trayectoria profesional y experiencia en edición y corrección de textos.
