El Ejecutivo promulgó la autógrafa del proyecto de presupuesto público correspondiente al 2026 y cuyo monto ascienda a los S/ 257,561.62 millones, lo que supone un incremento de casi 2.30% respecto al de este año.
En un contexto complicado para las finanzas públicas, resulta pertinente analizar la prioridad del gasto que vienen teniendo desde el Gobierno y el Congreso, también considerando que cualquier modificación tiene un costo de oportunidad. Todo incremento de recursos para una partida implica directamente que se le resta a otra.
¿Sacrifican la inversión pública?
Gestión identificó que, en los últimos años, dentro del Gobierno central se ha venido reduciendo la proporción del presupuesto asignado para el gasto de capital, que contempla la ejecución de proyectos de obras públicas, adquisición o mejora de bienes, como maquinarias, equipos, entre otros.
En 2026, lo destinado para gasto de capital apenas significará el 17.14% del presupuesto del Gobierno central. Es decir, de cada S/ 100, solo S/ 17 irán para lo relacionado a inversión pública. Esto representa una fuerte caída de 3.39 puntos porcentuales (20.53%) frente a este año y de casi 5.50 puntos (22.53%) respecto al 2022, el primer presupuesto que se aprobó en este lustro gubernamental.
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Esto también significa que, entre el 2026 y este año, lo que se “quita” de recursos, pese a que los presupuestos se incrementan anualmente, es de S/ 5,450 millones para gastos de capital.
El escenario es mucho más crítico si se toma como punto de partida la prepandemia (presupuesto para el 2019), pues la reducción viene desde un 25.90%, es decir, retrocedió en la “torta de prioridad” casi una tercera parte (unos 8.8 puntos).
Donde se ha visto un incremento de su proporción en el presupuesto es en lo destinado para el pago del servicio de la deuda, que casi se duplicó desde un 10.74% en 2019 a un 19,40% para el 2026. Solo entre el 2025 y el 2026, el incremento es de casi tres puntos.
Sin embargo, el tipo de gasto que no ha sufrido mayor variación es lo destinado para lo corriente, que se explica principalmente en el pago de remuneraciones. Entre 2019 y el 2026, se mantendrá oscilando el 61% y 63% del presupuesto total del Gobierno central.
Paola Lazarte, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), criticó que el primer mensaje que se tiene de una reducción del gasto de capital es una menor disposición de recursos para el desarrollo de inversión pública.
Agregó que si la mayor parte de este aumento del gasto corriente está yendo para remuneraciones sería un mensaje sumamente contraintuitivo a la política de austeridad que se anunció, recientemente, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Los incrementos del gasto corriente tienen que ir de la mano con el impulso de nuevos programas, tal vez vinculados a la seguridad ciudadana. Pero, en cualquier caso, tiene que realizarse una medición de los impactos”, señaló. “El mensaje de austeridad del Gobierno tiene que ir en todos los sentidos, incluso, en remuneraciones, en gasto corriente”, complementó.
Como se recuerda, en los últimos años, en los procesos de aprobación (y negociación entre el Congreso y el Ejecutivo) de los presupuestos públicos se ha ido solicitado la incorporación de leyes de contemplan mayores recursos para remuneraciones. En muchos casos, no ha sido observado por el Ejecutivo, pese a no contar con una fuente de financiamiento sustentada.
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A su turno, Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), observó que son dos los problemas que están confluyendo sobre el presupuesto. Pero un punto primordial es que está destinándose más recursos para el gasto corriente cuando hay una evidente brecha de infraestructura.
“No solo se quita relevancia a los recursos para capital, sino que vemos mayor presupuesto, sustantivamente, para planilla. O todos los funcionarios están cobrando más o hay un incremento en la cantidad de funcionarios”, cuestionó.
De cualquier manera, Sícoli indicó que ninguno de los dos casos mencionados está vinculado a la inversión pública, que tiene un impacto directo en el mejoramiento de la productividad y desarrollo del país.
“El aumento del gasto de capital genera, además de las contrataciones de personas para la ejecución de obras, infraestructura que se mantiene en el tiempo y puede elevar la productividad y desarrollo del país. En el gasto corriente no hay un mejoramiento de carreteras, puentes, infraestructura de transportes, mejora de vías de aeropuerto, en el rubro educativo”, recordó.
El gasto prioritario en regiones: sueldos
Otro aspecto que destaca en la revisión del presupuesto aplicable para el próximo año es que, en los gobiernos regionales, S/ 74 de cada S/ 100 estará orientado al gasto corriente. Esto marca un incremento respecto al año pasado, cuando la proporción era de S/70 de cada S/ 100.
Así, en 2026, los gobiernos regionales destinarán S/ 44,113 millones para el rubro que se explica, principalmente, por el pago de remuneraciones. Respecto a este año, se tendrán S/ 5,492 millones adicionales.
Para cubrir este incremento significativo del gasto corriente en los gobiernos regionales se “sacrifica” lo destinado al gasto de capital, que bajó de representar el 28% del total de este presupuesto al 25%. En términos monetarios, se tendrán S/ 400.79 millones menos para el desarrollo de obras públicas.
Las observaciones de Sícoli sobre los cambios en el presupuesto del Gobierno central también se aplican para el caso de los regionales, aunque hay matices más complicadas. “Hay gente que no está necesariamente preparada para algunos cargos”, apuntó.
Lazarte reconoció que un problema, a nivel de regiones, es el déficit de buenos cuadros técnicos. En caso se aplique un incremento del gasto corriente para cubrir este fin, resultaría positivo, toda vez que esté acompañado de mediciones de eficiencia, comentó.
La académica planteó también como una preocupación que este incremento en el gasto para remuneraciones ocurre en un contexto de elecciones. “Una especulación es que se contrate por fines políticos, teniendo como objetivo tener más votos o algún otro beneficio”, comentó Sícoli. “Es importante saber y recordar que los recursos que se distribuyen son de toda la ciudadanía. Hay que estar atento a ver en qué se gasta porque no es dinero del Gobierno de turno”, complementó.
Presentando su preocupación en esta misma línea, Lazarte mencionó que, si se apuntase a un incremento de remuneraciones, el contexto de elecciones no resulta oportuno, peor aún considerando el debilitamiento de las finanzas públicas que viene siendo advertido desde distintos frentes.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
