La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó este miércoles, por mayoría, el dictamen que plantea modificar la Ley N.° 32489 para la incorporación progresiva de los servidores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.
Los integrantes de este grupo de trabajo, presidido por el congresista Flavio Cruz Mamani (bancada Perú Libre), respaldaron la propuesta con 9 votos a favor (incluido el voto de la legisladora Martha Moyano con observaciones) y 3 abstenciones.
El dictamen se basa en los proyectos de ley 13700/2025-CR y 14266/2025-CR.
Con esta decisión, se busca destrabar la aplicación de la norma vigente y permitir que el proceso de migración laboral avance de manera progresiva para los trabajadores actualmente contratados bajo el régimen CAS, es decir, el Decreto Legislativo N.° 1057.
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Además, el texto aprobado plantea exonerar a la Sunarp de restricciones contenidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con la finalidad de hacer operativa la incorporación y evitar que la medida quede solo en el plano declarativo.
Comisión de Justicia aprueba dictamen que busca que defensores públicos ganen igual que jueces y fiscales. Foto: GEC.
Escala Remunerativa de los defensores públicos
La comisión aprobó también el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 10019/2024-CR, que propone actualizar de manera progresiva la escala remunerativa de los defensores públicos a nivel nacional y que ganen similar a los jueces y fiscales.
La iniciativa, presentada por el legislador Waldemar Cerrón Rojas (bancada Perú Libre), fue respaldada con 7 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
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Vale precisar que el dictamen precisa que la actualización salarial no será inmediata, sino progresiva y sujeta a disponibilidad presupuestal.
Para ello, encarga al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, definir los mecanismos, criterios y etapas de implementación mediante una norma reglamentaria en un plazo no mayor de 90 días calendario.
En defensa del dictamen, el congresista Segundo Quiroz (bancada APP) afirmó que el factor presupuestario “siempre ha sido el talón de Aquiles prácticamente para poder reivindicar derechos laborales de los trabajadores” y advirtió que esa situación alimenta la “fuga de talentos profesionales”.
No obstante, la propuesta recibió cuestionamientos. La congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) advirtió que el proyecto no contaba con dictamen de la Comisión de Presupuesto ni con opinión del Ministerio de Economía y Finanzas.
La parlamentaria insistió en que los defensores públicos deben percibir una remuneración acorde a su condición profesional dentro del sector al que pertenecen, pero rechazó que se tome como referencia el sueldo de fiscales o jueces.
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
Finalmente, la comisión aprobó por mayoría, con 9 votos a favor y 2 abstenciones, el dictamen recaído en los proyectos de ley 10146/2024-CR, 12495/2025-CR y 13897/2025-CR, que propone declarar de interés nacional el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria en el país.
Se establece como objetivo la creación de establecimientos penitenciarios de máxima seguridad para reducir el hacinamiento carcelario, mejorar la clasificación de internos según su nivel de peligrosidad y reforzar la seguridad penitenciaria.
Además, precisa que la eventual ejecución de estas medidas corresponderá al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del INPE, dentro del marco de sus competencias y de la disponibilidad presupuestal.
